8 Respuestas Última respuesta el 24-ago-2017 13:53 por mgarcia

    Reclamación persona jurídica cláusula suelo

    katherinie81

      Buenos días. Duda de clausula suelo. Es la primera vez que una persona jurídica me solicita que le lleve la reclamación de la clausula suelo. Hasta ahora sólo lo he hecho con las personas físicas, alguien me puede asesorar con este tema por favor? se procede del mismo modo ? gracias

        • Re: RECLAMACION PERSONA JURIDICA CLAUSULA SUELO
          gfernandez

          Buenas katy te comento,

           

          En cuanto a las demandas por cláusula suelo se refieren, lo que hay que tener en cuenta no es tanto si el que lo reclama es una persona física o jurídica (que también), sino que lo verdaderamente importante es determinar la condición de consumidor, o no, que se la da a la persona.

           

          Esta condición de consumidor se determina viendo el destino del dinero, de manera que si el destino del dinero es para la hipoteca de la vivienda habitual no hay duda de que es consumidor. En cambio, si esa misma persona destinó el dinero para hipotecar una oficina (una farmacia, por ejemplo), pierde la condición de consumidor.

           

          La Ley de Consumidores y Usuarios solamente se aplica a los consumidores y, de esta manera, tal y como establece la Sentencia del Pleno de la Sala del Tribunal Supremo de fecha  3 de junio de 2016 si no se tiene la condición de consumidor no se le puede aplicar el control de transparencia establecido en la doctrina jurisprudencial (sobre todo en la Sentencia del TS de 9 de mayo de 2013).

           

          Por este motivo, las probabilidades de que devuelvan la cláusula suelo a una persona que no ostenta la condición de consumidor son escasas, pero no imposible. Para que la reclamación prospere se debería probar que esta cláusula ha causado un desequilibrio entre las partes, en contra del principio de la buena fe, de esta manera si existe (y se prueba) un abuso de posición dominante por parte del banco, podríamos decir que incurre en contra de la buena fe. Así como el hecho de que la cláusula suelo es una cláusula predispuesta y no negociada (probándolo), así como que tampoco se debe eliminar con carácter general el control de transparencia para pequeños y medianos empresarios (tal y como estableció en su voto particular el juez D. Francisco Javier Orduña).

           

          Demostrar la condición de consumidor de una empresa es tarea ardua difícil, para ello se debe probar que el ánimo de lucro está ausente de la operación hipotecaria y, además, el dinero concedido por la entidad bancaria no se incorporó al proceso de producción de la sociedad.

            • Re: RECLAMACION PERSONA JURIDICA CLAUSULA SUELO
              katherinie81

              muchisimas gracias por la aclaración y la información.

              • Re: RECLAMACION PERSONA JURIDICA CLAUSULA SUELO
                katherinie81

                Buenos días y en relación con esto, nuevo asunto:

                Comunidad de bienes formada por dos matrimonios, compran piso que a su vez alquilan a otra comunidad de bienes formada por las dos mujeres del matrimonio y una tercera cuyo fin de la comunidad y el piso comprado y alquilado es una peluquería. Reclaman clausula suelo de sus hipotecas particulares, las cuales son devueltas, y también de la hipoteca constituída a favor de la comunidad, pero esta última no se devuelve alegando que no son consumidores. ¿Habría opciones de ganar en juicio? ¿existe jurisprudencia al respecto? ¿podría considerárseles consumidores en este caso? Gracias de antemano

                  • Re: RECLAMACION PERSONA JURIDICA CLAUSULA SUELO
                    mgarcia

                    Buenos días,

                     

                    Entiendo que le interesa conocer si a la comunidad de bienes en cuestión se le puede aplicar la condición de consumidores y usuarios a los efectos de poder basar la demanda en ello y tener más opciones de victoria.

                    A este respecto he de decirle que la condición de consumidor y usuario parece no ser excluyente de las personas físicas. Le mento dos sentencias de Audiencias Provinciales:

                    Audiencia Provincial de Coruña, en sentencia de 10-05-2017, recurso 173/2017, resolución 161/2017 que expone: “La STJUE de 3 de septiembre de 2015 (asunto C-110/14 ), para determinar la condición de consumidor y la aplicación de la legislación tuitiva que le ampara, tiene en cuenta el criterio de la vinculación a la actividad profesional, al establecer que: «El artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que una persona física que ejerce la abogacía y celebra con un banco un contrato de crédito, sin que en él se precise el destino del crédito, puede considerarse «consumidor» con arreglo a la citada disposición cuando dicho contrato no esté vinculado a la actividad profesional del referido abogado. Carece de pertinencia al respecto el hecho de que el crédito nacido de tal contrato esté garantizado mediante una hipoteca contratada por dicha persona en su condición de representante de su bufete de abogado, la cual grava bienes destinados al ejercicio de la actividad profesional de esa persona, como un inmueble perteneciente al citado bufete». Interpretando dicha resolución la STS 224/2017, de 5 de abril, proclama que: "En esta sentencia, el TJUE recuerda que, conforme al Derecho de la Unión, es consumidor toda persona física que, en los contratos regulados por la Directiva 93/13 /CEE, actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional, y que como tal consumidor, se encuentra en una situación de inferioridad respecto al profesional, idea que sustenta el sistema de protección establecido por la norma comunitaria. Y, al efecto de determinar la condición de consumidor del contratante, en el sentido de dicha Directiva, aclara el TJUE que el juez nacional debe tener en cuenta todas las circunstancias del caso susceptibles de demostrar con qué finalidad se adquiere el bien o el servicio objeto del contrato considerado y, en particular, la naturaleza de dicho bien o de dicho servicio".

                    Por su parte, el ATJUE de 19 de noviembre de 2015 (caso Tarcãu), en su apartado 27, recalcó: «A este respecto, procede recordar que el concepto de «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 tiene un carácter objetivo (véase la sentencia Costea, C-110/14 , EU:C:2015:538 , apartado 21). Debe apreciarse según un criterio funcional, consistente en evaluar si la relación contractual de que se trata se inscribe en el marco de actividades ajenas al ejercicio de una profesión».

                     

                    Audiencia Provincial de Cáceres, en sentencia de 30/05/2017, Recurso: 317/2017, Resolución: 282/2017 : "Ciertamente la mención en la escritura del préstamo hipotecario de la finalidad del mismo, pone de manifiesto que no estamos ante un préstamo de carácter mercantil que parta de la condición de empresarios de los prestatarios. El préstamo se concede para adquirir fincas y no se describe en la escritura la finalidad empresarial que refiere la demanda. Por otro lado, los documentos preparatorios de la concesión del préstamo a los que hace referencia la demandada, son documentos unilaterales de la misma que, desde luego, no pueden sustituir a lo que con claridad se describe en la escritura, escritura en la que queda clara la finalidad estrictamente civil del préstamo, que parte de la condición de consumidor de los prestatarios.

                     

                    Es decir, si se puede probar la finalidad de adquisición del bien, la ajenidad a la actividad profesional de los adquirentes, podría estimarse la expresada condición consumidora.

                     

                    Le indico, asimismo, sentencias que no entienden aplicable la condición consumidora:

                     

                    Audiencia Provincial de Segovia sentencia de 02/05/2017,Recurso 121/2017, Resolución 109/2017: En este caso nos hallamos ente le crédito subrogado para la adquisición de una nave industrial, sita en un polígono industrial y situada en una promoción de naves industriales, en cuyo contrato de compra la parte adquiriente se compromete a obtener la licencia de actividad de la nev o industria. Ante el objeto del contrato no cabe concluir, a juicio de la Sala, como hace el juez a quo, que no se halla probado que ese contrato tuviese por objeto una actividad profesional o industrial. Al contrario, se considera que cuando una entidad que actúa en el ámbito mercantil adquiere un bien cuyo único destino es el desarrollo en él de un actividad industrial, como es una nave con tal carácter, la presunción debe dirigirse en el sentido de que la actividad tiene un carácter ajeno al del consumo final, y por tanto debiera ser la parte actora la que explicase, y justificase, que en este caso, de forma excepcional, la adquisición de un bien destinado ordinariamente a la infraestructura empresarial de un industria, adquirido por una entidad industrial no se va a dedicar a ese fin sino a otro privado. No se considera que tal prueba exista, sin perjuicio de que la cabo de dos años se alquilase a otra entidad formada por uno de los socios y una hermana, para el desarrollo de una actividad industrial, en todo caso ligada con la propia de la Comunidad de Bienes.

                     

                     

                    Audiencia Provincial de Mérida, sentencia de 27/02/2017, Recurso 441/2016, Resolución: 53/2017 : "En fin, en un supuesto muy similar al ahora enjuiciado que versa sobre la suscripción de un contrato de préstamo con garantía hipotecaria con la finalidad de financiar la adquisición de un local para la instalación de una oficina de farmacia y en el que se solicitó la nulidad de la cláusula de limitación del interés variable (cláusula suelo) incluida en el contrato, la sentencia del Tribunal Supremo núm. 367/2016, de 3 de junio del Pleno de la Sala I establece taxativamente que es "improcedente un control de abusividad respecto de las condiciones generales incluidas en contratos con adherentes no consumidores..." Sigue diciendo la sentencia que " Ni el legislador comunitario, ni el español, han dado el paso de ofrecer una modalidad especial de protección al adherente no consumidor, más allá de la remisión a la legislación civil y mercantil general sobre respeto a la buena fe y el justo equilibrio en las prestaciones para evitar situaciones de abuso contractual. No correspondiendo a los tribunales la configuración de un «tertium genus» que no ha sido establecido legislativamente, dado que no se trata de una laguna legal que haya que suplir mediante la analogía, sino de una opción legislativa que, en materia de condiciones generales de la contratación, diferencia únicamente entre adherentes consumidores y no consumidores."

                     

                     

                    Continuando con su pregunta, aún en el caso de no considerarse a la actora como consumidora y usuaria, la acción de nulidad no queda "per se" desvirtuada.

                     

                    Aun cuando se considere que la actora no tienen la condición de consumidor, la cláusula impugnada debe someterse al control de las condiciones generales de la contratación de conformidad con los arts. 5 y 7 LCGC

                     

                    Así, por ejemplo, nos indica la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de 30-06-2017, recurso 122/2016, sentencia 301/2017, en aplicación de la doctrina emanada del Tribunal Supremo que se recoge en la Sentencia núm. 30/2017, de 18 de enero de 2017 y Sentencia núm. 57/2017, de 30 de enero , con el siguiente tenor literal, en la que se establece, con cita en el fundamento jurídico 201 de la Sentencia núm. 241/2013, de 9 de mayo , lo siguiente: «En el Derecho nacional, tanto si el contrato se suscribe entre empresarios y profesionales como si se celebra con consumidores, las condiciones generales pueden ser objeto de control por la vía de su incorporación a tenor de lo dispuesto en los artículos 5.5 LCGC -"[l]a redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez" -, 7 LCGC -"[n]o quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato [...]; b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles [...]"-». Además, con cita en la Sentencia núm. 688/2015, de 15 de diciembre , respecto de la caracterización del control de las condiciones generales de la contratación en contratos entre profesionales, afirmó que: «[l]a exigencia de claridad, concreción, sencillez y comprensibilidad directa del art. 7 b) LCGC no alcanza el nivel de exigencia que aplicamos al control de transparencia en caso de contratos con consumidores». Y, con cita en la sentencia 227/2015, de 30 de abril , estableció: «[e]n nuestro ordenamiento jurídico, la nulidad de las cláusulas abusivas no se concibe como una técnica de protección del adherente en general, sino como una técnica de protección del adherente que tiene la condición legal de consumidor o usuario, esto es, cuando éste se ha obligado en base a cláusulas no negociadas individualmente»

                    [...]

                    «las condiciones generales insertas en contratos en los que el adherente no tiene la condición legal de consumidor o usuario, cuando reúnen los requisitos de incorporación, tienen, en cuanto al control de contenido, el mismo régimen legal que las cláusulas negociadas, por lo que sólo operan como límites externos de las condiciones generales los mismos que operan para las cláusulas negociadas, fundamentalmente los previstos en el art. 1.255 y en especial las normas imperativas, como recuerda el art. 8.1 LCGC».

                    La meritada Sentencia 30/2017 añade lo siguiente: 1.- Excluida la posibilidad del control de abusividad en contratos en que el adherente no es consumidor, la antes citada sentencia 367/2016, de 3 de junio , afrontó el problema de si les era aplicable el denominado control de transparencia, conocido también como segundo control de transparencia, o control de transparencia cualificado o material.

                    (...) Ni el legislador comunitario, ni el español, han dado el paso de ofrecer una modalidad especial de protección al adherente no consumidor, más allá de la remisión a la legislación civil y mercantil general sobre respeto a la buena fe y el justo equilibrio en las prestaciones para evitar situaciones de abuso contractual. No corresponde a los tribunales la configuración de un tertium genus que no ha sido establecido legislativamente, porque no se trata de una laguna legal que haya que suplir mediante la analogía, sino de una opción legislativa que, en materia de condiciones generales de la contratación, diferencia únicamente entre adherentes consumidores y no consumidores.

                     

                    Esto, en cuanto un breve resumen de lo que jurisprudencialmente nos encontramos, y las opciones "básicas" que se le pueden plantear.

                    Para una mayor información le remito al especial cláusula suelo.

                     

                    Espero haberle servido de ayuda.

                     

                    Un saludo

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