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2017

Hasta la famosa Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, la validez de las cláusulas suelo se enjuiciaban desde la perspectiva de los controles de incorporación y contenido. A partir de esta Sentencia, cuando estamos ante condiciones generales relativas al objeto del contrato (y la cláusula suelo lo es), se las somete a un tercer control, el de transparencia, que forma parte del control de inclusión. Se trata de un “doble filtro de transparencia”.

 

No obstante, en virtud de diferentes Sentencias de nuestro Alto Tribunal (STS 367/2016 de 3 de junio, STS 30/2017 de 18 de enero y STS 41/2017 de 20 de enero), este control de transparencia opera únicamente en las relaciones en las que una de las partes sea un consumidor, por lo que el control de nulidad (fuera de este ámbito) deberá estar sujeto a las normas generales de nulidad contractual, disponiendo que puede declararse la nulidad de una condición general considerada abusiva cuando ésta sea contraria a la buena fe y cause un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes.

 

El fundamento 201 de la STS de 9 de mayo de 2013, reconoce expresamente el control de incorporación que opera ante cualquier cláusula contractual (que sea condición general), independientemente de la condición del adherente (que sea consumidor o no).

 

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Es decir, para poder reclamar la nulidad de una cláusula suelo a favor de un empresario no consumidor, existen dos opciones:

 

1. Que no haya superado el control de buena fe contractual y desequilibrio entre las partes: Cuando la cláusula suelo supone un desequilibrio de la posición contractual del adherente, es decir, aquellas que modifican subrepticiamente el contenido que el adherente había podido representarse como pactado conforme a la propia naturaleza y funcionalidad del contrato; en el sentido de que puede resultar contrario a la buena fe intentar sacar ventaja de la predisposición, imposición y falta de negociación de cláusulas que perjudican al adherente.

 

2. Que no haya superado el control de incorporación: Se ha de entender como una obligación de que la cláusula suelo incorporada sea clara y comprensible gramaticalmente para el profesional que la pueda contratar, siendo nulas aquellas cláusulas ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles. La realidad es que la mayoría de las cláusulas suelo superan este control, si bien existen cláusulas declaradas nulas por su absoluta incomprensibilidad.

 

 

SOBRE EL CONTROL DE BUENA FE CONTRACTUAL Y DESEQUILIBRIO ENTRE LAS PARTES.

 

El artículo 8.1 LCGC, dice: "Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención".

 

La normativa general de nulidad contractual viene recogida en una serie de artículos del Código Civil y en el Código de Comercio, los cuales resultan de aplicación a la hora de intentar demostrar la mala fe de la entidad financiera que se trate, y son los artículos 1.255, 1.256 y 1.258 del Código Civil, así como el 57 del Código de Comercio.

 

Para poder determinar la nulidad del contrato debemos atender a la buena fe contractual, de manera que es la entidad financiera la que debe conseguir que el adherente conozca lo que es realmente objeto del contrato, evitando efectos “sorpresa” en la contratación mediante la oportuna información previa al cliente de la entidad financiera. De esta manera, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de fecha 18 de enero de 2017, define el carácter "sorpresivo" y "cláusulas sorprendentes" que resultan contrarias a la buena fe, disponiendo:

 

"Con la limitación que conlleva el control sobre el precio (interés remuneratorio), en el supuesto específico de la denominada cláusula suelo, el carácter sorpresivo contrario a la buena fe vendría determinado por la contradicción entre la concertación de un interés variable y la limitación a dicha variabilidad proveniente de una condición general. Entronca este criterio con la regla de las «cláusulas sorprendentes» (desarrollada jurisprudencialmente en otros ámbitos, especialmente en relación con el contrato de seguro), conforme a la que son inválidas aquellas estipulaciones que, a tenor de las circunstancias y la naturaleza del contrato, son tan insólitas que el adherente no podía haberlas previsto razonablemente. Que, a su vez, conecta con la mención de la exposición de motivos LCGC al abuso de posición dominante, en el sentido de que el predisponente hace un mal uso de su capacidad de imposición de las condiciones generales para introducir cláusulas que desnaturalizan el contenido del contrato".

 

Es decir, la falta de información hacia el cliente puede determinar la vulneración del principio de buena fe, de forma que si se acredita (por parte del demandante) que la entidad financiera no informó clara y correctamente al adherente de la existencia y carga de la cláusula suelo, la cual fue impuesta por la entidad financiera y la cual no ha sido negociada debidamente, nos encontramos ante un caso de desequilibrio y alteración del objeto del contrato.

 

No obstante, no llega con que la información proporcionada por la entidad bancaria fuese nula a la hora de suscribir el préstamo con garantía hipotecaria por parte del profesional, sino que, además, dicha falta de información provoque un desequilibrio de la posición contractual al adherente que modifique subrepticiamente el contenido de lo que el adherente piensa que ha contratado (modificación del objeto del contrato). En este sentido se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de  junio de 2016, la cual determina que la nulidad por vulneración del principio de buena fe "es defendible, para las cláusulas que suponen un desequilibrio de la posición contractual del adherente, es decir que modifican subrepticiamente el contenido que el adherente había podido representarse como pactado conforme a la propia naturaleza y funcionalidad del contrato; en el sentido de que puede resultar contrario a la buena fe intentar sacar ventaja de la predisposición, imposición y falta de negociación de cláusulas que perjudican al adherente".

 

La “modificación subrepticia del contenido” implica que la cláusula debe haber sido introducida de forma que resulte difícil de conocer para el adherente. Circunstancia que va directamente relacionada con la imposición de la cláusula por parte de la entidad bancaria, lo cual requiere falta de negociación.

 

Por último debemos atender a lo razonado por la ya mencionada Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 18 de enero de 2017, la cual dispone:

 

"Para que pueda estimarse que concurren tales circunstancias, habrá que tomar en consideración el nivel de información proporcionado, pues una correcta información excluiría el factor sorpresivo, y la diligencia empleada por el prestatario adherente para conocer las consecuencias económicas y jurídicas del préstamo y los posibles efectos futuros de la condición general discutida sobre el coste del crédito. Diligencia exigible al empresario adherente que dependerá, en gran medida, de sus circunstancias subjetivas, como personalidad jurídico-mercantil, volumen de negocio, estructura societaria, experiencia, conocimientos financieros, asesoramiento, etc. Y como quiera que el adherente no es consumidor, operan las reglas generales de la carga de la prueba. Por lo que habrá de ser el prestatario que pretende la nulidad de una condición general desde el punto de vista de la buena fe, alegando la introducción de una estipulación sorprendente que desnaturaliza el contrato y frustra sus legítimas expectativas, quien acredite la inexistencia o insuficiencia de la información y quien, ya desde la demanda, indique cuáles son sus circunstancias personales que pueden haber influido en la negociación y en qué medida la cláusula le fue impuesta abusivamente".

 

Se trata de un extracto que revela mucha información, dejando la vía abierta para las empresas a reclamar la cláusula suelo (u otra condición general) pero dejando muy claro que, por un lado, el demandante es el encargado de probar que no tuvo información suficiente a la hora de contratar y, por otro lado, que debe alegar DESDE LA DEMANDA todas y cada una de las circunstancias subjetivas del empresario que influyeron en la negociación y que acreditan que la cláusula fue impuesta vulnerando los principios de la buena fe contractual (de forma que la misma es una condición general “sorpresiva” para el mismo).

 

En este sentido, se debe acreditar (desde la demanda) todas y cada una de las circunstancias subjetivas del propio demandante que acredite que él mismo no tenía ni tuvo opción de conocer las condiciones económicas de la cláusula impuesta, no negociada previamente y de la que no se le ha proporcionado información previa alguna. Esta falta de conocimiento debe interpretarse desde la perspectiva del deber de diligencia del prestatario a la hora de suscribir un préstamo hipotecario a la hora de conocer las consecuencias económicas que derivan del mismo.

 

En conclusión, es el prestatario el que debe acreditar la mala fe de la entidad prestamista a la hora de imponer la cláusula suelo, causando un desequilibrio de su posición contractual. De esta manera debe atender a todos los extremos que demuestren, por ejemplo, que no posee conocimientos económicos suficientes, o que no tiene empleados en su empresa que pueden conocer dichas consecuencias, o que su empresa no tiene un nivel de facturación bastante como para poder (y tener) que asesorarse a la hora de realizar cualquier tipo de contrato, etc…

 

Por ello es muy importante (por no decir imprescindible) hacer mención en la demanda de todas las circunstancias subjetivas del demandante, aportando toda documentación que acredite tales extremos, como puede ser, a modo de ejemplo:

 

  • Formación del empresario (para demostrar que no posee conocimientos financieros): Estudios realizados, con los justificantes acreditativos de tales estudios.
  • Experiencia del empresario: Puede aportarse la vida laboral del empresario.
  • Volumen de negocio de la empresa: Cuentas Anuales depositadas (de los años anteriores a la fecha de suscribir el préstamo hipotecario) y, en caso de ser profesional o autónomo, las declaraciones de IRPF e informes anuales de IVA (de los años anteriores a la firma del préstamo).
  • Información precontractual, para acreditar la falta de información previa.
  • Falta de asesoría jurídica o financiera (por ejemplo, hacer mención si tan sólo tiene contratado una gestoría que presenta sus impuestos y le realiza una contabilidad básica).
  • Número de empleados a su cargo.
  • Que en el momento de la contratación ni él ni nadie de su entorno sabía lo que implicaba la cláusula suelo en su préstamo hipotecario.

 

 

SOBRE EL CONTROL DE INCORPORACIÓN Y LA COMPRENSIBILIDAD REAL DE LA CONDICIÓN GENERAL.

 

El fundamento 201 de la STS de 9 de mayo de 2013 establece al tenor literal siguiente:

 

"En el Derecho nacional, tanto si el contrato se suscribe entre empresarios y profesionales como si se celebra con consumidores, las condiciones generales pueden ser objeto de control por la vía de su incorporación a tenor de lo dispuesto en los artículos 5.5 LCGC -"la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez" -, 7 LCGC -"no quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato [...]; b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles [...]".

 

Es decir, el artículo 5 de la LCGC,  que establece los requisitos necesarios para la incorporación de condiciones generales en los contratos, determina, en su apartado 5, que la redacción de las cláusulas deben ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez. Por su parte, el artículo 7 LCGC, recoge que no quedarán incorporadas al contrato las condiciones generales que se hayan incorporado al contrato en una de estas dos circunstancias: 1) Cuando el adherente no haya tenido oportunidad de conocer esta cláusula al momento de celebrarse el contrato; y 2) cuando la cláusula es ilegible, ambigua, oscura e incomprensible.

 

En conclusión, debemos atender a la literalidad de la cláusula impuesta por la demandada, a través de la cual podría determinarse la nulidad de la misma si nada puede sacarse en claro, siendo esta gramaticalmente incomprensible para el prestatario. Es decir, los factores clave son:

 

  • Por un lado, la oscuridad en la redacción de la cláusula: que se le haya dotado de una redacción claramente extensa, con un gran exceso de información como para poder comprenderla de manera correcta y que, además, no aparece destacada como un elemento principal con la importancia que merece

 

  • Por otro lado, su ubicación: en caso de que se sitúe en medio de la redacción otorgada a la cláusula general de “intereses” (o de “cláusulas financieras”) que dificulta la percepción de lo que es verdaderamente importante, al difuminarse en el conjunto de la escritura. De esta manera le resta toda relevancia documental y visual, llevando al prestatario a fijarse en aspectos secundarios a pesar de tratarse de un elemento esencial en la medida en que afecta directamente al tipo de interés que devengará el principal prestado a lo largo de la vida del préstamo.

 

Aquí os dejo el enlace del formulario de demanda de iberley, atendiendo a la reclamación de la cláusula suelo de una microempresa (aludiendo tanto al control de incorporación como al control de buena fe contractual y desequilibrio entre las partes: Formulario de demanda de juicio ordinario presentada por un empresario (no consumidor) de reclamación de cantidad por la…

BMN DEVUELVE 70.000 EUROS POR NO EXIGIR A UN PROMOTOR EL AVAL BANCARIO DE DEVOLUCIÓN DE ANTICIPOS.

 

La entidad ha reconocido, mediante allanamiento judicial, que colaboró con un Promotor que no cumplía la Ley.

 

 

 

Los demandantes, vecinos de Yecla, decidieron la adquisición de una vivienda sobre plano en dicha localidad. En el año 2006 firmaron un contrato privado y se estableció un plazo de construcción, durante el cual se fueron abonando anticipos a cuenta por importe de más de 174.000 euros. El destino de esos pagos no fue para pagar la construcción del edificio. La vivienda, pese a estas entregas a cuenta, fue hipotecada y no se alzó la hipoteca tras el plazo de entrega.

 

 

 

Después de incumplir el promotor el plazo de entrega y de no levantar las cargas, el afectado demandó a la promotora y a su administradora sin conseguir nada. La promotora debía haber respondido, pero no tiene bienes ni dinero, está quebrada. Igual pasa con su administradora, tampoco tiene bienes conocidos libres de cargas. Incluso el afectado ha ido por vía penal, por presunta apropiación indebida de la promotora, y dichas diligencias están siendo investigadas por el juzgado.

 

En este punto, y a través del despacho legal que dirige la letrada Magdalena Rico Palao, el afectado demandó a CajaMurcia (actual BMN), puesto que la entidad debió exigir la garantía a la promotora de la devolución de las cantidades entregadas mediante aval solidario prestado por entidad inscrita en el Registro de Bancos y Banqueros

 

Al no hacerlo así, y no verificar la existencia de avales, la entidad BMN deviene responsable solidaria de la devolución de dichas cantidades, dado que conocía del destino de las cantidades ingresadas en sus cuentas (de titularidad de la promotora) por los compradores.

 

Ello supone un incumplimiento que, ante la insolvencia del promotor, debe ser indemnizado mediante la restitución de lo anticipado.

 

BMN reconoce voluntariamente la devolución de la cantidad de 70.000,00 €, cantidad que ha devuelto de hecho, consignando la cantidad a favor del consumidor afectado, puesto que dicha cantidad fue ingresada por el comprador mediante una transferencia bancaria realizada en cuenta de la promotora en CajaMurcia (ahora BMN SA).

 

Sin embargo, los afectados entregaron a la promotora, a cuenta del precio y en varios pagos, la suma total de 174.000,00 €., (en dinero en efectivo 104.000 euros, en transferencia 70.000 euros), por lo que, según informa la abogada Magdalena Rico Palao, el pleito seguirá en el Juzgado de Primera Instancia de Yecla por la cantidad restante de 104.000 euros.

 

 

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#anticipoLey57/1968

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ANULADA LA HIPOTECA MULTIDIVISA POR FALTA DE INFORMACIÓN

VIC (BARCELONA) DECLARA LA NULIDAD DE UNA HIPOTECA MULTIDIVISA DEL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

El Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Vic (Barcelona) condena en sentencia a Banco Popular Español S.A., a la nulidad de Cláusula Multidivisa y al recálculo de su deuda a euros así como las amortizaciones y los intereses de la misma también a euros y costas del proceso judicial.

 

Los demandantes firmaron una hipoteca multidivisa con Banco Popular Español S.A., para la compra de una Vivienda en Tona (Barcelona). En concreto, se centró el debate en la transparencia o no de la contratación en fecha 23 de julio de 2007, de un préstamo multidivisa con garantía hipotecaria, por un importe principal de 246.000,00 euros (41.623.200,00 yenes), que grava su vivienda con la referida garantía real, a interés variable (índice de referencia más diferencial (en euros + 1,50 puntos, en divisas, + 1,25 puntos), menos bonificaciones.

 

A los vecinos de Tona les venden un producto especulativo como es la hipoteca multidivisa para poder financiar su casa. Ellos interponen la demanda, asesorados por la letrada Magdalena Rico Palao, en la que piden que se declare la nulidad parcial del préstamo hipotecario en todo lo referido a la opción multidivisa. Solicitan además que se recalcule su deuda en euros, así como las amortizaciones y los intereses de la misma. Esto es debido a la escasa y deficiente información recibida por los actores, en relación con esta modalidad de préstamo, tanto con carácter previo a la formalización de la escritura de préstamo, como de la información obrante en la misma.

 


La parte demandada se opone ante todo esto y alega que se informó adecuadamente a la parte actora y que la misma tenía pleno conocimiento del funcionamiento respecto al producto contratado.

 


El Juez condena a la parte demandada a la nulidad de la hipoteca multidivisa, y a que la deuda sea en euros, desde el principio del préstamo soportar los gastos que pudieran derivarse de su efectivo cumplimiento como también a abonar las costas de la demanda.

 

Literalmente la Sentencia dice que: <<<Cuadro de texto: 29La entidad bancaria tan sólo le expuso las ventajas del producto, las diferencias del tipo de interés aplicable respecto del que la demandante abonaba en la Caixa donde tenia suscrita la hipoteca anterior; la demandante sabía que eran yenes lo que contrataba, si bien no alcanzaba a comprender la trascendencia económica ni el riesgo que dicha circunstancia entrañaba y el banco no cumplió con su deber cualificado de contárselo e informarla adecuadamente (véase la declaración de los testigos, quienes manifestaron que nunca les hicieron ninguna simulación ni les proporcionaron oferta vinculante y que firmaron en la propia oficina bancaria, de forma rápida, toda vez que el notario se había desplazado allí a tales efectos e incluso el Sr. Caimel afirmó que “el notario parecía un trabajador más del banco”). >>>

 

Dice el Juez que no consta de forma comprensible que el capital prestado siempre será objeto de determinación mediante la aplicación del tipo de cambio de la divisa elegida. Es decir, no se advierte de forma clara y comprensible de la posibilidad de que, además de aumentar la cuota mensual del préstamo, se pueda deber en euros más capital del que fue objeto del préstamo, que es lo que ha sucedido en el presente caso.

 

De ello se deduce que concurría un error de vicio en el consentimiento prestado por la parte demandante en el momento de la contratación, al no quedar acreditado por la entidad demandada que la parte demandante conocía todos los riesgos asociados al producto contratado calificando la multidivisa como un producto que encierra cierta complejidad para un simple cliente bancario, respecto de la que no consta que tenga productos financieros distintos al litigioso, presumiéndose que tiene los habituales como pueden ser una cuenta corriente y una tarjeta asociada.

 

Según la directora legal del proceso, la letrada Magdalena Rico Palao, cuando las condiciones generales (y la multidivisa lo es) estén incluidas en contratos con consumidores, es preciso que superen el control de transparencia, no pasando estos controles en este caso, pues no existe ni folleto informativo ni oferta vinculante de la entidad previa a la firma de la escritura.

 

En resumen, Banco Popular Español, S.A., deberá anular la opción multidivisa de esa hipoteca y deberá, a su vez, considerar la hipoteca en euros desde el principio de la firma, compensar cantidades pagadas en exceso con el capital pendiente, así como pagar las costas del proceso.




Clicar el enlace (donde encontrarás la Sentencia)

https://drive.google.com/file/d/0B2vXghyvNGRPSEtiaTRVRXFqWFE/view?usp=sharing

Mas info: Despacho Lexlegis (Magdalena Rico Palao)- Telf: 900 69 65 25 -hipotecamultidivisa

 

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#faltadetransparencia
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El Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Vic (Barcelona) condena en sentencia a Banco Popular Español S.A., a la nulidad de Cláusula Multidivisa y al recálculo de su deuda a euros así como las amortizaciones y los intereses de la misma también a euros y costas del proceso judicial.

 

Los demandantes firmaron una hipoteca multidivisa con Banco Popular Español S.A., para la compra de una Vivienda en Tona (Barcelona). En concreto, se centró el debate en la transparencia o no de la contratación en fecha 23 de julio de 2007, de un préstamo multidivisa con garantía hipotecaria, por un importe principal de 246.000,00 euros (41.623.200,00 yenes), que grava su vivienda con la referida garantía real, a interés variable (índice de referencia más diferencial (en euros + 1,50 puntos, en divisas, + 1,25 puntos), menos bonificaciones.

 

A los vecinos de Tona les venden un producto especulativo como es la hipoteca multidivisa para poder financiar su casa. Ellos interponen la demanda, asesorados por la letrada Magdalena Rico Palao, en la que piden que se declare la nulidad parcial del préstamo hipotecario en todo lo referido a la opción multidivisa. Solicitan además que se recalcule su deuda en euros, así como las amortizaciones y los intereses de la misma. Esto es debido a la escasa y deficiente información recibida por los actores, en relación con esta modalidad de préstamo, tanto con carácter previo a la formalización de la escritura de préstamo, como de la información obrante en la misma.

 


La parte demandada se opone ante todo esto y alega que se informó adecuadamente a la parte actora y que la misma tenía pleno conocimiento del funcionamiento respecto al producto contratado.

 


El Juez condena a la parte demandada a la nulidad de la hipoteca multidivisa, y a que la deuda sea en euros, desde el principio del préstamo soportar los gastos que pudieran derivarse de su efectivo cumplimiento como también a abonar las costas de la demanda.

 

Literalmente la Sentencia dice que: <<<Cuadro de texto: 29La entidad bancaria tan sólo le expuso las ventajas del producto, las diferencias del tipo de interés aplicable respecto del que la demandante abonaba en la Caixa donde tenia suscrita la hipoteca anterior; la demandante sabía que eran yenes lo que contrataba, si bien no alcanzaba a comprender la trascendencia económica ni el riesgo que dicha circunstancia entrañaba y el banco no cumplió con su deber cualificado de contárselo e informarla adecuadamente (véase la declaración de los testigos, quienes manifestaron que nunca les hicieron ninguna simulación ni les proporcionaron oferta vinculante y que firmaron en la propia oficina bancaria, de forma rápida, toda vez que el notario se había desplazado allí a tales efectos e incluso el Sr. Caimel afirmó que “el notario parecía un trabajador más del banco”). >>>

 

Dice el Juez que no consta de forma comprensible que el capital prestado siempre será objeto de determinación mediante la aplicación del tipo de cambio de la divisa elegida. Es decir, no se advierte de forma clara y comprensible de la posibilidad de que, además de aumentar la cuota mensual del préstamo, se pueda deber en euros más capital del que fue objeto del préstamo, que es lo que ha sucedido en el presente caso.

 

De ello se deduce que concurría un error de vicio en el consentimiento prestado por la parte demandante en el momento de la contratación, al no quedar acreditado por la entidad demandada que la parte demandante conocía todos los riesgos asociados al producto contratado calificando la multidivisa como un producto que encierra cierta complejidad para un simple cliente bancario, respecto de la que no consta que tenga productos financieros distintos al litigioso, presumiéndose que tiene los habituales como pueden ser una cuenta corriente y una tarjeta asociada.

 

Según la directora legal del proceso, la letrada Magdalena Rico Palao, cuando las condiciones generales (y la multidivisa lo es) estén incluidas en contratos con consumidores, es preciso que superen el control de transparencia, no pasando estos controles en este caso, pues no existe ni folleto informativo ni oferta vinculante de la entidad previa a la firma de la escritura.

 

En resumen, Banco Popular Español, S.A., deberá anular la opción multidivisa de esa hipoteca y deberá, a su vez, considerar la hipoteca en euros desde el principio de la firma, compensar cantidades pagadas en exceso con el capital pendiente, así como pagar las costas del proceso.




Clicar el enlace (donde encontrarás la Sentencia)

https://drive.google.com/file/d/0B2vXghyvNGRPSEtiaTRVRXFqWFE/view?usp=sharing

Mas info: Despacho Lexlegis (Magdalena Rico Palao)- Telf: 900 69 65 25 -

 

 

 


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El Juzgado lo mercantil Nº 1 de Murcia anula la cláusula IRPH por abusiva y por falta de transparencia. quedó demostrado que no se ofreció simulación alguna u oferta alternativa.

Cajamar condenada a sustituir el índice IRPH por Euríbor y a reintegrar las cantidades cobradas de más y a recalcular el cuadro de amortización. también anula la cláusula suelo y ordena la devolución de las cantidades cobradas en exceso.

 

 

El préstamo fue suscrito con CAJAMAR a interés variable el 9 de marzo de 2004 para la rehabilitación de su vivienda. En la suscripción del préstamo existía un mecanismo de fijación del interés pactado -referencia IRPH-, así como que el tipo mínimo o suelo, que en ningún caso sería inferior al tipo del 5,5%.

 

Según Magdalena Rico Palao, que ha asistido a los afectados, CAJAMAR alegó que dichas cláusulas fueron negociadas entre las partes y que los términos relativos al interés variable fueron claros y precisos. Argumentó que el cliente tuvo pleno conocimiento y que el lenguaje utilizado era plenamente comprensible para cualquier consumidor, todo lo cual ha quedado huérfano de prueba, según dicha letrada que expresa su satisfacción por esta sentencia que es pionera en la Región de Murcia sobre el IRPH.

 

Por parte de la letrada de los afectados, Sra. Rico Palao, se valora de forma muy positiva esta resolución, en tanto que los firmantes de la hipoteca no pudieron negociar ninguno de los contenidos, ni tomar consciencia del sentido, extensión y consecuencias del IRPH y Cláusula Suelo.

 

La sentencia recoge que la entidad bancaria no proporcionó la oferta vinculante al actor y tampoco exhibió el contenido formal de la escritura pública con antelación de tres días a la firma, ni se le ofreció al cliente una simulación o un producto financiero alternativo.

 

La juez declara la nulidad del IRPH por tener carácter abusivo y por falta de transparencia; dictamina que se ha de sustituir el tipo de referencia por el tipo de referencia Euribor +0,5% y condena a CAJAMAR a reintegrar las cantidades, más intereses, de lo que hubieran percibido en aplicación del IRPH.

 

Finalmente, condena igualmente a la devolución de cantidades cobradas de más por el índice IRPH y por la cláusula Suelo también declarada nula en esta hipoteca.

 

La Juez manifiesta que, no cabe duda de que la cláusula que se examina no es transparente al no cumplir con los requisitos que el artículo 80 del TRLGDCU exige de concreción, claridad, sencillez en la redacción, accesibilidad y legibilidad, de forma que permitan al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido, de forma que las alegaciones sobre transparencia y realizadas por la Caja decaen atendiendo a lo dispuesto en la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 23 de diciembre de 2015 en la que señala sobre la falta de transparencia de una cláusula suelo que “queda envuelta entre un cúmulo de estipulaciones, menciones y datos, dificultando la compresión efectiva de la realidad resultante, que no es otra que lo efectivamente contratado.”

 

En consecuencia, las pretensiones de nulidad de los índices de referencia incluidos en las escrituras impugnadas en la demanda rectora del presente pleito merecen ser acogida.

 

 


 

 

Dirección Letrada: MAGDALENA RICO PALAO, DESPACHO LEXLEGIS - TELF: 968 79 33 80      -     e-mail: lexlegis@lexlegis.org -      http://eliminarclausulasuelo.com.es/eliminar-irph/
Banco: Cajamar Caja Rural Sociedad Cooperativa de Crédito
Producto: IRPH.
Perfil: Particular.
Ver documento PDF: https://drive.google.com/file/d/0B2vXghyvNGRPekJXdGttRWdHb2s/view?usp=sharing

En la presente entrada de este blog vamos a analizar la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, en lo referente al sistema remuneratorio de los administradores en las sociedades de capital, de manera que podamos saber cómo se fijan los honorarios y hasta cuánto pueden ascender.

 

Además, entraremos a analizar dos resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (de fechas 10 de mayo y 17 de junio de 2016) que han despejado las dudas entorno a la retribución de los administradores debiendo diferenciar los diferentes modos de organizar la administración ya que la regulación de la retribución de los administradores puede ser diferente cuando la administración se organiza como consejo, dónde todos los consejeros ostentan funciones deliberativas pero alguno de ellos puede tener funciones ejecutivas, respecto de las formas de administración simple (administrador único, dos administradores mancomunados o administradores solidarios), cuyos administradores ostentan conjuntamente funciones deliberativas y, sobre todo, ejecutivas.

 

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  • Sobre la remuneración de administradores en general.

 

En primer lugar, la nueva redacción otorgada al artículo 217 de la LSC, que establece la remuneración de los administradores dicta, en su punto “1”, que “El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario determinando el sistema de remuneración.

 

En segundo lugar, su punto “2” recoge los conceptos retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales, que podrán consistir, entre otros, en uno o varios de los que a continuación se expresan:

 

“a) una asignación fija,

b) dietas de asistencia,

c) participación en beneficios (regulado en el artículo 218 LSC),

d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia,

e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución (regulado en el artículo 219 LSC),

f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones de administrador y

g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos”.

 

Por su parte, el punto “3” de mentado artículo razona que: El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales deberá ser aprobado por la Junta General (...)” mientras que el punto “4” establece que: La remuneración de los administradores deberá en todo caso guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables”.

 

Es decir, la Ley 31/2014 establece una novedad relevante sobre la regulación de las remuneraciones de los administradores, de manera que sus honorarios deben reflejar adecuadamente la evolución real de la empresa y estén correctamente alineados con el interés de la sociedad y sus accionistas (debido a que deben aprobarse en Junta General). Por ello se obliga a que los Estatutos Sociales establezcan el sistema de remuneración de los administradores por sus funciones de gestión y decisión.

 

 

  • Sobre la remuneración de los Consejeros con funciones ejecutivas.

 

Por otro lado, esta Ley 31/2014 introduce una importante novedad respecto del sistema remuneratorio de los consejeros a través de la modificación del artículo 249 LSC, que recoge la delegación de facultades del Consejo de Administración, cuyo punto “3” establece, al tenor literal siguiente:

 

"3. Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión".

 

Por su parte, el punto “4” de este artículo regula que en el contrato deberán detallarse todos los conceptos retributivos a percibir por el desempeño de sus funciones ejecutivas de manera que no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato. En estos conceptos retributivos debe incluirse, además, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro.

 

Además, se añade el artículo 249 bis LSC que entabla las facultades indelegables dónde, en su apartado “i”, dicta que el Consejo de Administración no podrá delegar la facultad de tomar “i) Las decisiones relativas a la remuneración de los consejeros, dentro del marco estatutario y, en su caso, de la política de remuneraciones aprobada por la junta general”.

 

Es decir, por lo que se refiere a las sociedades cotizadas, se someterá a la Junta General de accionistas la aprobación de la política de remuneraciones, que tendrá carácter plurianual, como punto separado del orden del día. En el marco de dicha política de remuneraciones, corresponde al Consejo de Administración fijar la remuneración de cada uno de los consejeros al que se le otorgue funciones ejecutivas, a través de un contrato suscrito entre este consejero y la sociedad. De esta forma se garantiza que sea la Junta General de accionistas la que retenga el control sobre las retribuciones, incluyendo los distintos componentes retributivos contemplados, los parámetros para la fijación de la remuneración y los términos y condiciones principales de los contratos.

 

 

  • Conclusiones.

 

Como conclusión, en virtud de las resoluciones publicadas de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fechas 10 de mayo y 17 de junio de 2016, existen cuatro modos de organizar la administración, una compleja (Consejo de Administración) y las demás simples (administrador único, dos administradores mancomunados o administradores solidarios).

 

    • En las formas de administración simples, las funciones inherentes al cargo de administrador incluyen tanto la llamada función deliberativa, de estrategia y control de la sociedad como, especialmente, la función ejecutiva, de gestión ordinaria de la misma. De modo que, en estos casos, el carácter y sistema retributivo del cargo de administrador deben constar en los Estatutos Sociales.

 

    • En cambio, en la forma compleja de organización de la sociedad a través de un Consejo de Administración, las funciones inherentes al cargo de consejero se reducen a la función deliberativa, por lo que este sistema de retribución deberá encontrarse regulado en los Estatutos.

 

No obstante, cabe la posibilidad de otorgar a un consejero funciones ejecutivas, que se desarrolla individualmente mediante la delegación orgánica o contractual de facultades ejecutivas, no es una función inherente al cargo de consejero, sino que se trata de una función adicional que nace de una relación jurídica añadida que surge por el nombramiento del Consejo de un consejero como consejero delegado, director general, gerente u otro. De esta manera, la retribución debida por la prestación de la función ejecutiva no es propia que conste en los estatutos, sino en el contrato de administración que ha de suscribir el pleno del consejo con el consejero.

 

Asimismo, se hacen eco de la teoría del vínculo, admitiendo en el administrador la coexistencia de contratos de arrendamiento de servicios, laboral común... En función de las labores o tareas de que se trate, excluyendo el contrato laboral de alta dirección.