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BMN DEVUELVE 70.000 EUROS POR NO EXIGIR A UN PROMOTOR EL AVAL BANCARIO DE DEVOLUCIÓN DE ANTICIPOS.

 

La entidad ha reconocido, mediante allanamiento judicial, que colaboró con un Promotor que no cumplía la Ley.

 

 

 

Los demandantes, vecinos de Yecla, decidieron la adquisición de una vivienda sobre plano en dicha localidad. En el año 2006 firmaron un contrato privado y se estableció un plazo de construcción, durante el cual se fueron abonando anticipos a cuenta por importe de más de 174.000 euros. El destino de esos pagos no fue para pagar la construcción del edificio. La vivienda, pese a estas entregas a cuenta, fue hipotecada y no se alzó la hipoteca tras el plazo de entrega.

 

 

 

Después de incumplir el promotor el plazo de entrega y de no levantar las cargas, el afectado demandó a la promotora y a su administradora sin conseguir nada. La promotora debía haber respondido, pero no tiene bienes ni dinero, está quebrada. Igual pasa con su administradora, tampoco tiene bienes conocidos libres de cargas. Incluso el afectado ha ido por vía penal, por presunta apropiación indebida de la promotora, y dichas diligencias están siendo investigadas por el juzgado.

 

En este punto, y a través del despacho legal que dirige la letrada Magdalena Rico Palao, el afectado demandó a CajaMurcia (actual BMN), puesto que la entidad debió exigir la garantía a la promotora de la devolución de las cantidades entregadas mediante aval solidario prestado por entidad inscrita en el Registro de Bancos y Banqueros

 

Al no hacerlo así, y no verificar la existencia de avales, la entidad BMN deviene responsable solidaria de la devolución de dichas cantidades, dado que conocía del destino de las cantidades ingresadas en sus cuentas (de titularidad de la promotora) por los compradores.

 

Ello supone un incumplimiento que, ante la insolvencia del promotor, debe ser indemnizado mediante la restitución de lo anticipado.

 

BMN reconoce voluntariamente la devolución de la cantidad de 70.000,00 €, cantidad que ha devuelto de hecho, consignando la cantidad a favor del consumidor afectado, puesto que dicha cantidad fue ingresada por el comprador mediante una transferencia bancaria realizada en cuenta de la promotora en CajaMurcia (ahora BMN SA).

 

Sin embargo, los afectados entregaron a la promotora, a cuenta del precio y en varios pagos, la suma total de 174.000,00 €., (en dinero en efectivo 104.000 euros, en transferencia 70.000 euros), por lo que, según informa la abogada Magdalena Rico Palao, el pleito seguirá en el Juzgado de Primera Instancia de Yecla por la cantidad restante de 104.000 euros.

 

 

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ANULADA LA HIPOTECA MULTIDIVISA POR FALTA DE INFORMACIÓN

VIC (BARCELONA) DECLARA LA NULIDAD DE UNA HIPOTECA MULTIDIVISA DEL BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

El Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Vic (Barcelona) condena en sentencia a Banco Popular Español S.A., a la nulidad de Cláusula Multidivisa y al recálculo de su deuda a euros así como las amortizaciones y los intereses de la misma también a euros y costas del proceso judicial.

 

Los demandantes firmaron una hipoteca multidivisa con Banco Popular Español S.A., para la compra de una Vivienda en Tona (Barcelona). En concreto, se centró el debate en la transparencia o no de la contratación en fecha 23 de julio de 2007, de un préstamo multidivisa con garantía hipotecaria, por un importe principal de 246.000,00 euros (41.623.200,00 yenes), que grava su vivienda con la referida garantía real, a interés variable (índice de referencia más diferencial (en euros + 1,50 puntos, en divisas, + 1,25 puntos), menos bonificaciones.

 

A los vecinos de Tona les venden un producto especulativo como es la hipoteca multidivisa para poder financiar su casa. Ellos interponen la demanda, asesorados por la letrada Magdalena Rico Palao, en la que piden que se declare la nulidad parcial del préstamo hipotecario en todo lo referido a la opción multidivisa. Solicitan además que se recalcule su deuda en euros, así como las amortizaciones y los intereses de la misma. Esto es debido a la escasa y deficiente información recibida por los actores, en relación con esta modalidad de préstamo, tanto con carácter previo a la formalización de la escritura de préstamo, como de la información obrante en la misma.

 


La parte demandada se opone ante todo esto y alega que se informó adecuadamente a la parte actora y que la misma tenía pleno conocimiento del funcionamiento respecto al producto contratado.

 


El Juez condena a la parte demandada a la nulidad de la hipoteca multidivisa, y a que la deuda sea en euros, desde el principio del préstamo soportar los gastos que pudieran derivarse de su efectivo cumplimiento como también a abonar las costas de la demanda.

 

Literalmente la Sentencia dice que: <<<Cuadro de texto: 29La entidad bancaria tan sólo le expuso las ventajas del producto, las diferencias del tipo de interés aplicable respecto del que la demandante abonaba en la Caixa donde tenia suscrita la hipoteca anterior; la demandante sabía que eran yenes lo que contrataba, si bien no alcanzaba a comprender la trascendencia económica ni el riesgo que dicha circunstancia entrañaba y el banco no cumplió con su deber cualificado de contárselo e informarla adecuadamente (véase la declaración de los testigos, quienes manifestaron que nunca les hicieron ninguna simulación ni les proporcionaron oferta vinculante y que firmaron en la propia oficina bancaria, de forma rápida, toda vez que el notario se había desplazado allí a tales efectos e incluso el Sr. Caimel afirmó que “el notario parecía un trabajador más del banco”). >>>

 

Dice el Juez que no consta de forma comprensible que el capital prestado siempre será objeto de determinación mediante la aplicación del tipo de cambio de la divisa elegida. Es decir, no se advierte de forma clara y comprensible de la posibilidad de que, además de aumentar la cuota mensual del préstamo, se pueda deber en euros más capital del que fue objeto del préstamo, que es lo que ha sucedido en el presente caso.

 

De ello se deduce que concurría un error de vicio en el consentimiento prestado por la parte demandante en el momento de la contratación, al no quedar acreditado por la entidad demandada que la parte demandante conocía todos los riesgos asociados al producto contratado calificando la multidivisa como un producto que encierra cierta complejidad para un simple cliente bancario, respecto de la que no consta que tenga productos financieros distintos al litigioso, presumiéndose que tiene los habituales como pueden ser una cuenta corriente y una tarjeta asociada.

 

Según la directora legal del proceso, la letrada Magdalena Rico Palao, cuando las condiciones generales (y la multidivisa lo es) estén incluidas en contratos con consumidores, es preciso que superen el control de transparencia, no pasando estos controles en este caso, pues no existe ni folleto informativo ni oferta vinculante de la entidad previa a la firma de la escritura.

 

En resumen, Banco Popular Español, S.A., deberá anular la opción multidivisa de esa hipoteca y deberá, a su vez, considerar la hipoteca en euros desde el principio de la firma, compensar cantidades pagadas en exceso con el capital pendiente, así como pagar las costas del proceso.




Clicar el enlace (donde encontrarás la Sentencia)

https://drive.google.com/file/d/0B2vXghyvNGRPSEtiaTRVRXFqWFE/view?usp=sharing

Mas info: Despacho Lexlegis (Magdalena Rico Palao)- Telf: 900 69 65 25 -hipotecamultidivisa

 

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El Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Vic (Barcelona) condena en sentencia a Banco Popular Español S.A., a la nulidad de Cláusula Multidivisa y al recálculo de su deuda a euros así como las amortizaciones y los intereses de la misma también a euros y costas del proceso judicial.

 

Los demandantes firmaron una hipoteca multidivisa con Banco Popular Español S.A., para la compra de una Vivienda en Tona (Barcelona). En concreto, se centró el debate en la transparencia o no de la contratación en fecha 23 de julio de 2007, de un préstamo multidivisa con garantía hipotecaria, por un importe principal de 246.000,00 euros (41.623.200,00 yenes), que grava su vivienda con la referida garantía real, a interés variable (índice de referencia más diferencial (en euros + 1,50 puntos, en divisas, + 1,25 puntos), menos bonificaciones.

 

A los vecinos de Tona les venden un producto especulativo como es la hipoteca multidivisa para poder financiar su casa. Ellos interponen la demanda, asesorados por la letrada Magdalena Rico Palao, en la que piden que se declare la nulidad parcial del préstamo hipotecario en todo lo referido a la opción multidivisa. Solicitan además que se recalcule su deuda en euros, así como las amortizaciones y los intereses de la misma. Esto es debido a la escasa y deficiente información recibida por los actores, en relación con esta modalidad de préstamo, tanto con carácter previo a la formalización de la escritura de préstamo, como de la información obrante en la misma.

 


La parte demandada se opone ante todo esto y alega que se informó adecuadamente a la parte actora y que la misma tenía pleno conocimiento del funcionamiento respecto al producto contratado.

 


El Juez condena a la parte demandada a la nulidad de la hipoteca multidivisa, y a que la deuda sea en euros, desde el principio del préstamo soportar los gastos que pudieran derivarse de su efectivo cumplimiento como también a abonar las costas de la demanda.

 

Literalmente la Sentencia dice que: <<<Cuadro de texto: 29La entidad bancaria tan sólo le expuso las ventajas del producto, las diferencias del tipo de interés aplicable respecto del que la demandante abonaba en la Caixa donde tenia suscrita la hipoteca anterior; la demandante sabía que eran yenes lo que contrataba, si bien no alcanzaba a comprender la trascendencia económica ni el riesgo que dicha circunstancia entrañaba y el banco no cumplió con su deber cualificado de contárselo e informarla adecuadamente (véase la declaración de los testigos, quienes manifestaron que nunca les hicieron ninguna simulación ni les proporcionaron oferta vinculante y que firmaron en la propia oficina bancaria, de forma rápida, toda vez que el notario se había desplazado allí a tales efectos e incluso el Sr. Caimel afirmó que “el notario parecía un trabajador más del banco”). >>>

 

Dice el Juez que no consta de forma comprensible que el capital prestado siempre será objeto de determinación mediante la aplicación del tipo de cambio de la divisa elegida. Es decir, no se advierte de forma clara y comprensible de la posibilidad de que, además de aumentar la cuota mensual del préstamo, se pueda deber en euros más capital del que fue objeto del préstamo, que es lo que ha sucedido en el presente caso.

 

De ello se deduce que concurría un error de vicio en el consentimiento prestado por la parte demandante en el momento de la contratación, al no quedar acreditado por la entidad demandada que la parte demandante conocía todos los riesgos asociados al producto contratado calificando la multidivisa como un producto que encierra cierta complejidad para un simple cliente bancario, respecto de la que no consta que tenga productos financieros distintos al litigioso, presumiéndose que tiene los habituales como pueden ser una cuenta corriente y una tarjeta asociada.

 

Según la directora legal del proceso, la letrada Magdalena Rico Palao, cuando las condiciones generales (y la multidivisa lo es) estén incluidas en contratos con consumidores, es preciso que superen el control de transparencia, no pasando estos controles en este caso, pues no existe ni folleto informativo ni oferta vinculante de la entidad previa a la firma de la escritura.

 

En resumen, Banco Popular Español, S.A., deberá anular la opción multidivisa de esa hipoteca y deberá, a su vez, considerar la hipoteca en euros desde el principio de la firma, compensar cantidades pagadas en exceso con el capital pendiente, así como pagar las costas del proceso.




Clicar el enlace (donde encontrarás la Sentencia)

https://drive.google.com/file/d/0B2vXghyvNGRPSEtiaTRVRXFqWFE/view?usp=sharing

Mas info: Despacho Lexlegis (Magdalena Rico Palao)- Telf: 900 69 65 25 -

 

 

 


drive.google.com/file/d/0B2vXghyvNGRPSEtiaTRVRXFqWFE/view?usp=sharing

 

El Juzgado lo mercantil Nº 1 de Murcia anula la cláusula IRPH por abusiva y por falta de transparencia. quedó demostrado que no se ofreció simulación alguna u oferta alternativa.

Cajamar condenada a sustituir el índice IRPH por Euríbor y a reintegrar las cantidades cobradas de más y a recalcular el cuadro de amortización. también anula la cláusula suelo y ordena la devolución de las cantidades cobradas en exceso.

 

 

El préstamo fue suscrito con CAJAMAR a interés variable el 9 de marzo de 2004 para la rehabilitación de su vivienda. En la suscripción del préstamo existía un mecanismo de fijación del interés pactado -referencia IRPH-, así como que el tipo mínimo o suelo, que en ningún caso sería inferior al tipo del 5,5%.

 

Según Magdalena Rico Palao, que ha asistido a los afectados, CAJAMAR alegó que dichas cláusulas fueron negociadas entre las partes y que los términos relativos al interés variable fueron claros y precisos. Argumentó que el cliente tuvo pleno conocimiento y que el lenguaje utilizado era plenamente comprensible para cualquier consumidor, todo lo cual ha quedado huérfano de prueba, según dicha letrada que expresa su satisfacción por esta sentencia que es pionera en la Región de Murcia sobre el IRPH.

 

Por parte de la letrada de los afectados, Sra. Rico Palao, se valora de forma muy positiva esta resolución, en tanto que los firmantes de la hipoteca no pudieron negociar ninguno de los contenidos, ni tomar consciencia del sentido, extensión y consecuencias del IRPH y Cláusula Suelo.

 

La sentencia recoge que la entidad bancaria no proporcionó la oferta vinculante al actor y tampoco exhibió el contenido formal de la escritura pública con antelación de tres días a la firma, ni se le ofreció al cliente una simulación o un producto financiero alternativo.

 

La juez declara la nulidad del IRPH por tener carácter abusivo y por falta de transparencia; dictamina que se ha de sustituir el tipo de referencia por el tipo de referencia Euribor +0,5% y condena a CAJAMAR a reintegrar las cantidades, más intereses, de lo que hubieran percibido en aplicación del IRPH.

 

Finalmente, condena igualmente a la devolución de cantidades cobradas de más por el índice IRPH y por la cláusula Suelo también declarada nula en esta hipoteca.

 

La Juez manifiesta que, no cabe duda de que la cláusula que se examina no es transparente al no cumplir con los requisitos que el artículo 80 del TRLGDCU exige de concreción, claridad, sencillez en la redacción, accesibilidad y legibilidad, de forma que permitan al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido, de forma que las alegaciones sobre transparencia y realizadas por la Caja decaen atendiendo a lo dispuesto en la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de fecha 23 de diciembre de 2015 en la que señala sobre la falta de transparencia de una cláusula suelo que “queda envuelta entre un cúmulo de estipulaciones, menciones y datos, dificultando la compresión efectiva de la realidad resultante, que no es otra que lo efectivamente contratado.”

 

En consecuencia, las pretensiones de nulidad de los índices de referencia incluidos en las escrituras impugnadas en la demanda rectora del presente pleito merecen ser acogida.

 

 


 

 

Dirección Letrada: MAGDALENA RICO PALAO, DESPACHO LEXLEGIS - TELF: 968 79 33 80      -     e-mail: lexlegis@lexlegis.org -      http://eliminarclausulasuelo.com.es/eliminar-irph/
Banco: Cajamar Caja Rural Sociedad Cooperativa de Crédito
Producto: IRPH.
Perfil: Particular.
Ver documento PDF: https://drive.google.com/file/d/0B2vXghyvNGRPekJXdGttRWdHb2s/view?usp=sharing

En la presente entrada de este blog vamos a analizar la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, en lo referente al sistema remuneratorio de los administradores en las sociedades de capital, de manera que podamos saber cómo se fijan los honorarios y hasta cuánto pueden ascender.

 

Además, entraremos a analizar dos resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (de fechas 10 de mayo y 17 de junio de 2016) que han despejado las dudas entorno a la retribución de los administradores debiendo diferenciar los diferentes modos de organizar la administración ya que la regulación de la retribución de los administradores puede ser diferente cuando la administración se organiza como consejo, dónde todos los consejeros ostentan funciones deliberativas pero alguno de ellos puede tener funciones ejecutivas, respecto de las formas de administración simple (administrador único, dos administradores mancomunados o administradores solidarios), cuyos administradores ostentan conjuntamente funciones deliberativas y, sobre todo, ejecutivas.

 

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  • Sobre la remuneración de administradores en general.

 

En primer lugar, la nueva redacción otorgada al artículo 217 de la LSC, que establece la remuneración de los administradores dicta, en su punto “1”, que “El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario determinando el sistema de remuneración.

 

En segundo lugar, su punto “2” recoge los conceptos retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales, que podrán consistir, entre otros, en uno o varios de los que a continuación se expresan:

 

“a) una asignación fija,

b) dietas de asistencia,

c) participación en beneficios (regulado en el artículo 218 LSC),

d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia,

e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución (regulado en el artículo 219 LSC),

f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones de administrador y

g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos”.

 

Por su parte, el punto “3” de mentado artículo razona que: El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales deberá ser aprobado por la Junta General (...)” mientras que el punto “4” establece que: La remuneración de los administradores deberá en todo caso guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables. El sistema de remuneración establecido deberá estar orientado a promover la rentabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la sociedad e incorporar las cautelas necesarias para evitar la asunción excesiva de riesgos y la recompensa de resultados desfavorables”.

 

Es decir, la Ley 31/2014 establece una novedad relevante sobre la regulación de las remuneraciones de los administradores, de manera que sus honorarios deben reflejar adecuadamente la evolución real de la empresa y estén correctamente alineados con el interés de la sociedad y sus accionistas (debido a que deben aprobarse en Junta General). Por ello se obliga a que los Estatutos Sociales establezcan el sistema de remuneración de los administradores por sus funciones de gestión y decisión.

 

 

  • Sobre la remuneración de los Consejeros con funciones ejecutivas.

 

Por otro lado, esta Ley 31/2014 introduce una importante novedad respecto del sistema remuneratorio de los consejeros a través de la modificación del artículo 249 LSC, que recoge la delegación de facultades del Consejo de Administración, cuyo punto “3” establece, al tenor literal siguiente:

 

"3. Cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero delegado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título, será necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse como anejo al acta de la sesión".

 

Por su parte, el punto “4” de este artículo regula que en el contrato deberán detallarse todos los conceptos retributivos a percibir por el desempeño de sus funciones ejecutivas de manera que no podrá percibir retribución alguna por el desempeño de funciones ejecutivas cuyas cantidades o conceptos no estén previstos en ese contrato. En estos conceptos retributivos debe incluirse, además, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de contribución a sistemas de ahorro.

 

Además, se añade el artículo 249 bis LSC que entabla las facultades indelegables dónde, en su apartado “i”, dicta que el Consejo de Administración no podrá delegar la facultad de tomar “i) Las decisiones relativas a la remuneración de los consejeros, dentro del marco estatutario y, en su caso, de la política de remuneraciones aprobada por la junta general”.

 

Es decir, por lo que se refiere a las sociedades cotizadas, se someterá a la Junta General de accionistas la aprobación de la política de remuneraciones, que tendrá carácter plurianual, como punto separado del orden del día. En el marco de dicha política de remuneraciones, corresponde al Consejo de Administración fijar la remuneración de cada uno de los consejeros al que se le otorgue funciones ejecutivas, a través de un contrato suscrito entre este consejero y la sociedad. De esta forma se garantiza que sea la Junta General de accionistas la que retenga el control sobre las retribuciones, incluyendo los distintos componentes retributivos contemplados, los parámetros para la fijación de la remuneración y los términos y condiciones principales de los contratos.

 

 

  • Conclusiones.

 

Como conclusión, en virtud de las resoluciones publicadas de la Dirección General de los Registros y del Notariado de fechas 10 de mayo y 17 de junio de 2016, existen cuatro modos de organizar la administración, una compleja (Consejo de Administración) y las demás simples (administrador único, dos administradores mancomunados o administradores solidarios).

 

    • En las formas de administración simples, las funciones inherentes al cargo de administrador incluyen tanto la llamada función deliberativa, de estrategia y control de la sociedad como, especialmente, la función ejecutiva, de gestión ordinaria de la misma. De modo que, en estos casos, el carácter y sistema retributivo del cargo de administrador deben constar en los Estatutos Sociales.

 

    • En cambio, en la forma compleja de organización de la sociedad a través de un Consejo de Administración, las funciones inherentes al cargo de consejero se reducen a la función deliberativa, por lo que este sistema de retribución deberá encontrarse regulado en los Estatutos.

 

No obstante, cabe la posibilidad de otorgar a un consejero funciones ejecutivas, que se desarrolla individualmente mediante la delegación orgánica o contractual de facultades ejecutivas, no es una función inherente al cargo de consejero, sino que se trata de una función adicional que nace de una relación jurídica añadida que surge por el nombramiento del Consejo de un consejero como consejero delegado, director general, gerente u otro. De esta manera, la retribución debida por la prestación de la función ejecutiva no es propia que conste en los estatutos, sino en el contrato de administración que ha de suscribir el pleno del consejo con el consejero.

 

Asimismo, se hacen eco de la teoría del vínculo, admitiendo en el administrador la coexistencia de contratos de arrendamiento de servicios, laboral común... En función de las labores o tareas de que se trate, excluyendo el contrato laboral de alta dirección.