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3 Publicaciones escritas por: manuelpallaresperal

De la Inspección de la Agencia Tributaria, mediante la comprobación y verificación de los hechos imponibles que atañen al contribuyente y las declaraciones del mismo, nadie está libre. En cualquier momento se puede recibir una citación para comparecer ante los órganos de inspección o, menos frecuentemente, su visita.

 

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Sin embargo, la probabilidad de ser inspeccionado puede variar considerablemente en función de una serie de factores, de manera que, si éstos no concurren en un sujeto pasivo, tratándose de pymes o profesionales, puede decirse que casi puede evitar ser objeto de inspección. No así es el caso de las grandes empresas, las cuales tienen periódicamente una inspección de sus declaraciones y autoliquidaciones fiscales, por razones obvias, dadas las importantes sumas de ingresos tributarios para el Tesoro Público.

 

De todas las causas que pueden desencadenar ser objeto de una inspección, el factor que ocasiona la menor probabilidad de la misma es la aleatoriedad.

 

Es cierto que la Agencia Tributaria programa inspecciones al azar, pero dado el número de contribuyentes empresarios individuales, profesionales o pymes con personalidad jurídica existentes y los medios disponibles para efectuarlas, la probabilidad de ser seleccionado por esta causa es casi nula.

 

Por el contrario, si existen otros desencadenantes de la inspección del contribuyente que, a mi juicio, son los siguientes:

 

El factor más importante es, sin duda, la incoherencia de las declaraciones trimestrales y anuales del sujeto pasivo. Es muy frecuente que no concuerden los datos aportados en las autoliquidaciones presentadas, trimestre a trimestre, con las declaraciones anuales resumen de todos los hechos imponibles del ejercicio.

 

La Agencia Tributaria chequea los datos aportados con los obtenidos de terceros, mediante las declaraciones informativas que los contribuyentes están obligados a suministrarle y, al contrastarlos con las autoliquidaciones, puede, en muchos casos, encontrar diferencias sustanciales que provocan la mayoría de las inspecciones.

 

De manera que es prioritario declarar, no solamente la totalidad de los hechos imponibles, sino hacerlo de manera certera y procurar informarse de que los clientes y proveedores lo hagan de la misma forma, en lo referente a la información de nuestras operaciones con ellos, que suministran a la Agencia Tributaria, de modo que no contenga errores de bulto que puedan ocasionarnos una inspección.

 

El segundo factor más relevante que provoca la intervención de la Inspección de Hacienda, es la declaración de magnitudes que, puestas en relación con los datos que la Agencia Tributaria tiene del sector al que pertenece nuestra empresa o actividad profesional, arrojan ratios alejados de la media, que pudieran hacerle pensar que se están llevando a cabo operaciones económicas no declaradas.

Pensemos, por ejemplo, en aprovisionamientos que suponen un coste mucho más elevado que la media del sector, lo que induce a pensar en que se está vendiendo sin facturar. O unos gastos de personal que no son lógicos para las cifras de negocio de la empresa. Lo mismo puede suceder con los servicios exteriores o con las amortizaciones del inmovilizado u otras provisiones contables anómalas, respecto a las habituales en el sector.

 

El tercer factor, por orden de probabilidad, que puede provocar una inspección es la solicitud de devolución de I. V. A. en cuantía elevada en relación al volumen de facturación de la empresa. Este impuesto es en el que se registra el volumen de fraude más elevado, razón por la cual su control es prioritario para la Administración tributaria.

 

A partir del 1 de enero de 2015, la Hacienda Pública puede comprobar las bases imponibles negativas de diez años para atrás. Habida cuenta de la crisis económica padecida por España desde el año 2008 que ha supuesto que muchísimas empresas hayan tendido considerables pérdidas, para éstas, si no han cerrado ya sus puertas, es más que probable que serán objeto de inspección con el fin de que las bases imponibles negativas declaradas sean conformes con sus criterios y puedan ser compensadas con bases imponibles positivas de ejercicios futuros sin limitación temporal. La enorme cuantía de las bases negativas acumuladas por las empresas supérstites a la crisis supone una merma de los ingresos públicos que la Agencia Tributaria quiere reducir en la medida de lo posible, mediante su verificación, prácticamente, en todos los casos.

 

Dentro de la cuantía de las bases imponibles negativas habidas, una causa importante de las mismas son las pérdidas patrimoniales ocasionadas por la deflación de los activos, tanto materiales como financieros de las empresas.

 

Si las declaraciones de los contribuyentes reflejan pérdidas patrimoniales de relativa importancia, será difícil evitar la comprobación de su cuantía por parte de la Inspección.

 

Tampoco podrá evitarse una inspección de las autoliquidaciones si se han obtenido ganancias patrimoniales de importancia. La Agencia Tributaria comprobará, con toda probabilidad, si la declaración es correcta, habida cuenta la existencia de coeficientes de actualización de los precios de adquisición de los inmuebles y de abatimiento, actualmente suprimidos, pero a los que se pueden acoger los contribuyentes con adquisiciones anteriores a 1994. Lo mismo cabe decir en los supuestos de reinversión de las ganancias obtenidas.

 

Es también objeto de inspección certera el disfrute de beneficios fiscales por las sociedades que llevan a cabo procesos de reestructuración (fusiones, escisiones, canje de valores, etc.).

 

El disfrute de subvenciones públicas, en cuantía relativamente importante, además de las comprobaciones del Ente Público que las haya concedido, suele ser objeto de la actuación del órgano tributario de averiguación.

 

Una causa que cada vez tiene mayor peso para provocar una inspección de Hacienda es el progresivo aumento del número y volumen de operaciones económicas y financieras con el exterior.

 

La Agencia Tributaria es conocedora de que, en estas operaciones, a veces, no se tributa en consonancia con las legislaciones nacionales del país de origen y/o el de destino.

 

Por otra parte, cada vez posee mayor información, facilitada por los demás países, en el marco de los convenios internacionales firmados de unos años para acá, lo que aumenta la probabilidad de comprobación fiscal.

Origina una segura comprobación de la Inspección el conocimiento por ésta de operaciones con paraísos fiscales y no solamente con ellos, sino que cuando el volumen de transacciones con el exterior es relativamente elevado en relación con la cifra de negocios, las inspecciones son frecuentes, principalmente por el organismo de Aduanas, dependiente, orgánicamente, de la Agencia Tributaria.

 

Dentro de este renglón de causas que, con elevada probabilidad, impiden evitar ser inspeccionado, figura la obtención del Número de Identificación Fiscal de Operador intracomunitario. Por razón del elevadísimo fraude detectado en operaciones triangulares y con la utilización de sociedades pantalla que se constituyen y desaparecen una vez efectuadas las operaciones fraudulentas, dentro del ámbito de la Unión Europea, la visita de la inspección al domicilio del contribuyente para verificar la existencia y acomodo a la legalidad de la actividad a emprender es segura.

 

En cuanto a la posibilidad de postergar una Inspección de Hacienda cabe decir que, una vez recibido el requerimiento para el inicio de las actuaciones inspectoras, si el contribuyente no puede comparecer en el lugar, día y hora señalados, se aplica, en este caso, lo dispuesto en el artículo 91.5 del Real Decreto 1065/2007, Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, del siguiente tenor:

 

“Cuando el obligado tributario justifique la concurrencia de circunstancias que le impidan comparecer en el lugar, día y hora que le hubiere sido fijado, podrá solicitar un aplazamiento dentro de los tres días siguientes al de la notificación del requerimiento. En el supuesto de que la circunstancia que impida la comparecencia se produzca transcurrido el citado plazo de tres días, se podrá solicitar el aplazamiento antes de la fecha señalada para la comparecencia.

 

En tales casos, se señalará nueva fecha para la comparecencia.”

 

La actitud colaboradora facilita mucho la predisposición de la Inspección hacia el contribuyente.

No es aconsejable pedir ningún tipo de aplazamiento de comparecencia o entrega de documentación, salvo fuerza mayor.

Es razonable pensar que el contribuyente que se persona puntualmente en el lugar, día y hora señalados por la Inspección y entrega toda la documentación requerida o demuestra no disponer de la misma, está induciendo al Inspector actuario a considerar que no tiene nada que temer a su comprobación, por tener toda la contabilidad y todas sus declaraciones dentro de la normativa vigente.

 

Fuera de los casos mencionados anteriormente, la probabilidad de evitar la inspección de la situación tributaria del contribuyente es muy elevada.

 

En caso de ser objeto de comprobación por la Inspección de los Tributos, lo más aconsejable es adoptar una actitud de colaboración y permanecer tranquilos, porque aquélla no va a extralimitarse en las funciones que legalmente tiene encomendadas y reguladas y, en caso de disconformidad con las liquidaciones que practique, no debemos olvidar que todos los actos administrativos están bajo la salvaguardia de los tribunales de justicia a los que, en ese supuesto, se debe acudir

 

En caso de que llegue la inspección de Hacienda, ¿sobreviviremos a ella?

 

En mi ya dilatada vida profesional no he conocido ningún caso en el que una empresa haya desaparecido como consecuencia de una inspección de sus autoliquidaciones y declaraciones tributarias.

 

Es cierto que las liquidaciones tributarias derivadas de una actuación inspectora pueden dar lugar a créditos privilegiados que tienen la preferencia que les otorga la Ley Concursal.

En los supuestos de Concurso de Acreedores se dan casos en los que dichos créditos, unidos a los de los demás acreedores, tanto privilegiados como ordinarios, pueden no ser satisfechos por la empresa por carencia de masa activa con la que hacerles frente y eso lleva aparejada ministerio legis la liquidación.

 

Pero, como digo, después de haber pasado una inspección las empresas continúan su marcha y, en caso de no poder hacer frente al pago inmediato del importe de las actas que se incoen, puede recurrirse a la solicitud de un fraccionamiento del pago que, por regla general, es concedido, aportando las garantías reglamentariamente establecidas, de manera que la actividad económica sigue su curso.

 

La Inspección de la Agencia Tributaria no tiene como objetivo liquidar ninguna empresa, sino comprobar e investigar las autoliquidaciones presentadas y descubrir hechos imponibles ocultos

 

Aunque se diga que el fraude fiscal se eleva a cifras que suponen un porcentaje elevado del P. I. B. de España, la dispersión estadística del mismo nos esclarece la situación.

 

Por una parte, existen pequeños incumplimientos de obligaciones formales y numerosos errores que provocan cuotas y sanciones de cuantía insignificante, pero que, a nivel

nacional suponen un volumen relativamente elevado. A este tipo de conductas se le engloba dentro del fraude fiscal, pero realmente no es algo que deba preocupar al empresario o profesional que es objeto de una comprobación por parte de la Inspección de Hacienda. Así pues, en estos casos, la empresa o el profesional sobrevivirán sin ningún problema a la inspección de sus cuentas y declaraciones.

 

Pero, por otra parte, eso sí, en el otro extremo de la distribución de los contribuyentes, por el grado de cumplimiento de obligaciones tributarias, nos encontramos con los grandes defraudadores que, en el momento de ser objeto de investigación, están abocados a la incoación de actas con cuantías muy elevadas y, en numerosas ocasiones, incursos en delito fiscal.

El resto de los contribuyentes, la inmensa mayoría, no tienen nada que temer a una Inspección de la Agencia Tributaria y sobrevivirán perfectamente a cuantas puedan llevarles a cabo.

 

 

Fdo. Manuel Pallares Peral

Economista Colegiado nº 69

El artículo 142 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria enumera las facultades de la Inspección de los Tributos:

 

“1. Las actuaciones inspectoras se realizarán mediante el examen de documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con  trascendencia tributaria, bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos informáticos relativos a actividades económicas, así como mediante la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información que deba facilitarse a la Administración o que sea necesario para la exigencia de las obligaciones tributarias.

 

2. Cuando las actuaciones inspectoras lo requieran, los funcionarios que desarrollen funciones de Inspección de los tributos podrán entrar, en las condiciones que reglamentariamente se determinen, en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan hechos imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o exista alguna prueba de los mismos.

 

Si la persona bajo cuya custodia se encontraren los lugares mencionados en el párrafo anterior se opusiera a la entrada de los funcionarios de la Inspección de tributos, se precisará la autorización escrita de la autoridad administrativa que reglamentariamente se determine.

Cuando en el ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, se aplicará lo dispuesto en el artículo 113 de esta ley.

 

3. Los obligados tributarios deberán atender a la inspección y le prestarán la debida colaboración en el desarrollo de sus funciones.

 

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El obligado tributario que hubiera sido requerido por la inspección deberá personarse, por si o por medio de representante, en el lugar, día y hora señalados para la práctica de las actuaciones y deberá aportar o tener a disposición de la Inspección la documentación y demás elementos solicitados.

 

Excepcionalmente, y de forma motivada, la Inspección podrá requerir la comparecencia personal del obligado tributario cuando la naturaleza de las actuaciones a realizar así lo exija.

 

4. Los funcionarios que desempeñen funciones de inspección serán considerados agentes de la autoridad y deberán acreditar su condición si son requeridos para ello, fuera de las oficinas públicas.

 

Las autoridades públicas prestarán la protección y el auxilio necesario a los funcionarios para el ejercicio de las funciones de inspección”.

 

Analizando pormenorizadamente el precepto legal expuesto se observa:

 

a) Las actuaciones inspectoras, entre otros medios, comprenden el examen de bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos informáticos relativos a actividades económicas.

 

Lo habitual en la práctica inspectora es que el examen de los elementos informáticos citados se realice sobre la aportación de copia de los mismos aportada por el contribuyente. Pero pudiera darse el caso, relativamente frecuente, de que los  funcionarios actuarios se personen, sin previo aviso, en la empresa y, una vez se acreditan como tales, exijan el examen de los ordenadores de la misma.

 

b) Para ello están habilitados por el párrafo segundo del artículo citado de la Ley General Tributaria.

 

Si el contribuyente no consintiera la actuación de la Inspección, los funcionarios inspectores se proveerán de la autorización escrita de la autoridad administrativa de la que dependen y la inspección podrá continuar, pese a la inicial oposición del obligado tributario.

 

Pudiera plantearse la cuestión de qué se entiende por “fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen”, a las que se refiere el precepto legal citado.

 

En primer lugar, se suscita la cuestión de la entrada y el hecho de efectuar registros en el domicilio constitucionalmente protegido del contribuyente, cuando la inspección lo estima necesario para examinar los ordenadores en los que presume que se encuentra la documentación a examinar para el cumplimiento de sus funciones.

 

La Ley General Tributaria, en su artículo 113, para estos casos, prevé que la Inspección obtenga el consentimiento del obligado tributario o la oportuna autorización judicial.

 

Una variante de esta cuestión es el caso de las personas jurídicas, para quiénes el Tribunal Supremo, en su Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 3791/2006, 24-04-2010 | Iberley , ha considerado que también es necesario el consentimiento de los representantes de la Sociedad o la autorización judicial, en base a que, para el Alto Tribunal, domicilio fiscalmente protegido, utilizando la terminología del Tribunal Constitucional ( Sentencia Constitucional Nº 137/1985, TC, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 124/1985, 17-10-1985 | Iberley   y  Sentencia Constitucional Nº 69/1999, TC, Sala Segunda, Rec Recurso de amparo 2.824/1995, 26-04-1999 | Iberley ), es también:

 

Los lugares utilizados por representantes de la persona jurídica para desarrollar sus actividades internas, bien porque sirvan de custodia de documentos u otros soportes de la vida diaria de las sociedad o de su establecimiento y todo ello con independencia de que sea el domicilio fiscal la sede principal o la sede secundaria”.

 

A mi juicio, esas fincas, locales y establecimientos a los que alude el artículo citado no coinciden con la descripción de la antedicha Sentencia del Tribunal Supremo, pues no abarca los lugares citados en el párrafo anterior. Más bien se refiere a establecimientos abiertos al público o en los que se lleve una actividad laboral o comercial por cuenta de la sociedad mercantil que no esté vinculada con la dirección de la Sociedad ni sirva de custodia a la documentación.

 

No obstante, la propia norma transcrita contempla la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario remitiendo a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley General Tributaria, el que, como hemos expuesto más arriba, dispone la necesidad del consentimiento del contribuyente o la autorización judicial.

 

Ante esta situación normativa, hemos de tener en cuenta que, si la empresa cumple con sus obligaciones tributarias, no tiene nada que temer si se produce una visita inesperada de la Inspección de Tributos que exija indagar en los equipos informáticos de la empresa.

Los órganos de inspección están sujetos a un reglamento de actuación muy garantista para el contribuyente y éste puede estar seguro de que sus datos reservados que no tengan trascendencia tributaria permanecerán secretos.

 

Sin embargo, es aconsejable, en prevención de la posible intervención por la Inspección en los ordenadores de la empresa, que todos los registros no obligatorios por la normativa fiscal, que contengan datos de carácter económico, existentes en los equipos informáticos, estén escrupulosamente llevados, pues pueden inducir a los inspectores a conclusiones erróneas.

 

Me refiero al caso de los programas de gestión que, aún con conexión directa con la contabilidad de la empresa, no son llevados con la rigurosidad que a ésta se le exige.

 

Por ejemplo, si se lleva un inventario permanente, éste es necesario que refleje exactamente las existencias en cada momento del ejercicio fiscal, lo cual es, muchas veces, muy difícil o imposible, por las vicisitudes diversas de la vida empresarial, que exige ajustes, regularizaciones y recuentos periódicos que, en las pequeñas empresas, no suelen producirse, por falta de medios.

 

La normativa mercantil y fiscal solamente exigen inventarios inicial y final de cada ejercicio, por lo que los inventarios intermedios no es necesarios conservarlos, de manera que, finalizado el ejercicio y aprobadas las cuentas anuales, lo más razonable es su desaparición de los equipos informáticos de la empresa.

 

Otro aspecto de los programas informáticos de gestión de la empresa es que la normativa mercantil y fiscal no contemplan modelos obligatorios de los mismos, de manera que es corriente que, tantas sean las empresas que suministran el software, cuantos los diversos tipos de programas utilizados por las empresas y, paralelamente, la infinidad de informes distintos que facilitan al empresario. Al acceder la Inspección a dichos informes múltiples, se produce la inexorable consecuencia de tener que dar muchísimas explicaciones sobre el contenido de dichos informes, pues la Inspección es lógico que no los entienda, ya que en su labor se enfrenta a un sin número de informes diferentes.

 

Por estas razones, no siendo obligatoria su conservación, al igual que sucede con los inventarios intermedios del ejercicio, lo más aconsejable es su eliminación del equipo informático, una vez formuladas las cuentas anuales, auditadas las mismas, en su caso y aprobadas por el órgano correspondiente.

 

CONCLUSIÓN

 

El contribuyente que cumple rigurosamente con sus obligaciones no tiene nada que temer de una visita sorpresa de la Inspección de Tributos, que exige el acceso a los ordenadores de la empresa, pero es aconsejable eliminar, cada ejercicio, la información no obligatoria, en prevención de evitar dar explicaciones para demostrar la ausencia de irregularidades, que pudieran presumirse de la existencia en los equipos informáticos de la empresa de datos incorrectamente registrados o informes sin trascendencia fiscal con nomenclatura no habitual para la Inspección.

 

El empresario, en todos los casos, no debe oponerse a la entrada y examen de los ordenadores de la empresa, pues le es más rentable facilitar esa operativa, ya que obtendrá una predisposición más favorable a sus intereses de los funcionarios actuantes y se evitará una sanción muy importante.

 

 

 

Fdo. Manuel Pallares Peral

Economista Colegiado nº 69

En este ejercicio 2017 ha estado y está, todavía a estas alturas del mismo, muy en candelero la incidencia de las inspecciones de la Agencia Tributaria al colectivo de empresarios y profesionales autónomos. Así, en diversos foros de internet es un tema muy recurrente.

 

 

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El artículo 116 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria prescribe:

“La Administración Tributaria elaborará anualmente un Plan de control tributario que tendrá carácter reservado, aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo informen”.

 

En cumplimiento de lo establecido en la citada Ley, la Agencia Tributaria, por medio de su Dirección General, aprueba, anualmente, las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero. Este año 2017, mediante Resolución de 19 de enero, ha aprobado las referidas directrices.

 

Resolución de 19 de Ene de 2017 (Directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2017) | Iber…

 

En contra de lo que el revuelo mediático, tanto en vía tradicional como en internet, ha dado a entender, de la lectura de la indicada Resolución no se deduce que el sector de los profesionales y empresarios autónomos sea un objetivo directo de actuación de los órganos de control de la Agencia Tributaria. Si lo serán en tanto en cuanto reúnan algunos de los indicios que la Resolución contempla.

 

La única mención directa a un control de los empresarios autónomos es la que se refiere a un seguimiento especial de aquéllos acogidos al sistema de estimación objetiva de bases, tanto de I. V. A. como de I. R. P. F. Este conjunto supone menos del cinco por ciento del total del censo.

 

No tiene, pues, justificación alguna la alarma creada entre el colectivo de autónomos.

 

1.- Procedimientos de control de la Agencia Tributaria.

 

El artículo 115 de la Ley General Tributaria regula las potestades y funciones de comprobación e investigación de la Agencia Tributaria, en los siguientes términos:

“1. La Administración tributaria podrá comprobar e investigar los hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones, valores y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria para verificar el correcto cumplimiento de las normas aplicables al efecto.

 

2. En el desarrollo de las funciones de comprobación e investigación, la Administración tributaria calificará los hechos, actos o negocios realizados por el obligado tributario con independencia de la previa calificación que éste hubiera dado a los mismos.”

 

Para el desarrollo de las funciones de comprobación e investigación que la Ley General Tributaria le asigna la Agencia Tributaria se vale de los órganos de Gestión Tributaria, Inspección y Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

 

A continuación, se exponen las funciones de control de cada uno de los órganos citados.

 

2.- Gestión Tributaria.

 

El empresario o profesional autónomo puede verse sometido a un control de este órgano de la Agencia Tributaria que se denomina Comprobación Limitada, que consiste, a tenor de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley General Tributaria, en que “la Administración tributaria podrá comprobar hechos, actos, elementos, actividades, explotaciones y demás circunstancias determinantes de la obligación tributaria."

 

En este procedimiento, la Administración tributaria podrá realizar únicamente las siguientes actuaciones:

 

a) Examen de los datos consignados por los obligados tributarios en sus declaraciones y de los justificantes presentados o que se requieran al efecto.

 

b) Examen de los datos y antecedentes en poder de la Administración tributaria que pongan de manifiesto la realización del hecho imponible o del presupuesto de una obligación tributaria, o la existencia de elementos determinantes de la misma no declarados o distintos a los declarados por el obligado tributario.

 

c) Examen de los registros y demás documentos exigidos por la normativa tributaria y de cualquier otro libro, registro o documento de carácter oficial, con excepción de la contabilidad mercantil, así como el examen de las facturas o documentos que sirvan de justificante de las operaciones incluidas en dichos libros, registros o documentos.

 

d) Requerimientos a terceros para que aporten la información que se encuentren obligados a suministrar con carácter general o para que la ratifiquen mediante la presentación de los correspondientes justificantes.

 

Es de destacar que, a raíz de recursos de los contribuyentes, estimados por los Tribunales de Justicia, la norma ha recortado las funciones al Departamento de Gestión Tributaria excluyendo el examen de la contabilidad mercantil, es decir los libros Diario e Inventarios y Cuentas Anuales (artículo 25 del Código de Comercio), función que es exclusiva del Departamento de Inspección.

 

También es importante señalar que el Departamento de Gestión Tributaria no puede, en ningún caso, requerir a terceros información sobre movimientos financieros, si bien podrá solicitar al autónomo la justificación documental de operaciones financieras que tengan incidencia en la base o en la cuota de una obligación tributaria.

 

Cabe decir que las actuaciones del Departamento de Gestión no podrán realizarse fuera de las oficinas de la Agencia Tributaria, salvo las relativas a la aplicación de métodos objetivos de estimación que, como decía al comienzo, son las únicas que el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 2017 pretende potenciar y que, dado que son comprobaciones de hechos o elementos ciertos, no deben suponer motivo de preocupación alguna para el empresario acogido al régimen de estimación objetiva, denominado “módulos”.

 

Finalmente es necesario subrayar que dictada una resolución en un procedimiento de comprobación limitada, la Administración tributaria no podrá efectuar una nueva regularización en relación con el objeto comprobado al que se refiere la obligación tributaria o elementos de la misma y al ámbito temporal objeto de la comprobación, salvo que, en un procedimiento de comprobación limitada o de inspección posterior, se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en dichas resolución. Esta disposición del artículo 140 de la Ley General Tributaria supone una seguridad jurídica de non bis in ídem.

 

3.- La Inspección tributaria.

 

Otro de los órganos de la Agencia Tributaria que puede controlar la situación fiscal del empresario o profesional autónomo es la Inspección tributaria.

 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley General Tributaria, “la inspección tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:

 

a) La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración.

 

b) La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones presentadas por los obligados tributarios.

 

c) La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación de los tributos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 93 y 94 de esta Ley.

 

d) La comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, empresas y demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación de las obligaciones tributarias, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 134 y 135 de esta Ley.

 

e) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como para la aplicación de regímenes tributarios especiales.

 

f) La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras sobre sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas.

 

g) La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones inspectoras de comprobación e investigación.

 

h) La realización de actuaciones de comprobación limitada.”

 

Por consiguiente, el autónomo puede ser objeto de la actividad de la Inspección.

 

En la realidad cotidiana, la experiencia nos dice que las actuaciones inspectoras a los empresarios autónomos son muy esporádicas. Salvo grandes empresas individuales que, en la práctica, no existen y casos excepcionales, por su naturaleza, la actividad de la Inspección de los Tributos no debe ser objeto de preocupación de los empresarios autónomos.

No es el caso de los profesionales autónomos, quiénes, por el mayor valor añadido generado y su facturación directa al consumidor final, si son objeto de un mayor control por parte de la Inspección tributaria.

 

4.- Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.

 

Aquellos autónomos que efectúen importaciones o exportaciones, así como los que sean sujetos pasivos de los denominados impuestos especiales (hidrocarburos, alcohol y bebidas alcohólicas, labores de tabaco y determinados medios de transporte) pueden ser sometidos a control por este Departamento de la Agencia Tributaria.

 

5.- Conclusiones.

 

El empresario o profesional autónomo que desarrolle su actividad de forma transparente no tiene nada que temer a un control de la Agencia Tributaria.

 

No obstante, ese acomodo de sus declaraciones a la realidad de su actividad no supone estar totalmente exento de la comprobación de las autoridades fiscales en los siguientes casos:

 

  • Cuando las declaraciones trimestrales y las declaraciones resumen anuales no son coherentes. Es necesario, por tanto, extremar el celo en la correcta cumplimentación de las mismas y si se observan contradicciones entre las declaraciones periódicas es necesario subsanar, mediante las declaraciones complementarias o rectificativas oportunas, las diferencias detectadas, antes de la presentación de las declaraciones resumen anuales.

 

  • Es segura la visita a la sede del autónomo de los agentes de la Inspección Tributaria en los casos de solicitud de N. I. F. para operar en el ámbito de la Comunidad Europea.

 

  • La comprobación limitada del Departamento de Gestión Tributaria es preceptiva en el caso de solicitud de devolución de I. V. A. y en la mayoría de los casos en los que se solicita la compensación en la última liquidación del ejercicio de que se trate.

 

  • La obtención de subvenciones suele dar lugar a comprobaciones limitadas, de forma habitual, para comprobar que las mismas se han incluido como ingreso en el I. R. P. F.

 

  • La deducción de gastos por encima de lo normal en un sector, suele devenir en una comprobación limitada del Departamento de Gestión o, aún peor, de la Inspección.

 

  • Las operaciones financieras con el exterior y el pago en efectivo de cantidades superiores a las establecidas legalmente son, en la actualidad, fuente habitual de control inspector.

 

Finalmente, es necesario decir que todos los procedimientos tributarios y los de control citados están sujetos al principio de legalidad, lo que constituye una garantía para el empresario y profesional autónomo.

 

Por la experiencia acumulada durante muchos años, puedo decir que nunca la Agencia Tributaria se ha excedido en la aplicación de la normativa legal vigente.

 

 

 

 

Fdo. Manuel Pallares Peral

Economista Colegiado nº 69