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7 Publicaciones escritas por: etenreiro Experto

La Dirección General de Tributos ha emitido una consulta vinculante que puede resultar interesante para aquellos que hayan recibido a través de herencia acciones de una entidad bancaria.

 

Resolución Vinculante de DGT, V1597-17, 21-06-2017 | Iberley

 

El caso planteado gira entorno a la anulación de una compraventa de acciones de Bankia solicitada por los herederos de la causante que consideraban que la valoración en Oferta Pública de Venta (OPV) se había realizado erróneamente, y por la que, tras reclamar judicialmente, recibieron un valor mayor al percibido en el momento de la herencia, y dudan sobre la tributación de dicha alteración patrimonial.

 

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No saben con exactitud si deben presentar una complementaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o declararlo como ganancia patrimonial en su declaración del IRPF.

 

Pero, vamos a exponer el caso conociendo los datos concretos:

 

En julio de 2011 una mujer adquiere la cantidad de 90.000 euros en acciones de Bankia a través de la OPV que realizó la propia entidad.

 

En el año 2013, esta persona fallece y otorga a través de testamento, 160 acciones de Bankia con un valor de 161,28 euros, 80,64 euros a cada uno de los herederos, además de otros valores.

 

En el momento del otorgamiento, los herederos realizaron la declaración del ISD por la cantidad antes indicada.

 

En marzo de 2015, los herederos al entender que la valoración de la OPV realizada por Bankia fue errónea, deciden interponer una demanda contra la entidad por dicho motivo.

 

El 9 de mayo de 2016, obtuvieron sentencia estimatoria por la que se otorgaban a cada uno de ellos la cantidad de 30.000 euros como capital invertido y 5.543,06 euros como interés legal.

 

Las dudas que le surgen a uno de los herederos es si, debería declarar dichos importes como ganancia patrimonial en su declaración de la renta, por tratarse de una alteración patrimonial, o si por el contrario, deberá hacer una declaración complementaria del ISD.

 

En cuanto al aspecto civil de la cuestión objeto de consulta, la Dirección General de Tributos (DGT) entiende que, en el momento en que tres herederos (la consultante y otros dos) aceptaron la herencia de su hermana, la sucedieron en todos sus derechos y obligaciones, entre ellos la propiedad de las acciones de Bankia.

 

Como propietarios de tales acciones, iniciaron un proceso judicial contra la entidad, como resultado del cual se dictó sentencia por la que se anulaba la compraventa de las acciones, con devolución del importe pagado más los intereses de demora correspondientes(A este respecto, debe tenerse en cuenta que el proceso fue iniciado por la consultante y los otros dos herederos en su condición de propietarios de las acciones y –aunque fueron adquiridas por herencia– no en el de herederos de su anterior propietario y causante.)

 

Respecto al ámbito fiscal, el impuesto se devengó el día del fallecimiento de la hermana de los consultantes y lo que ella adquirió en ese momento fue un paquete de acciones de Bankia cuya valoración a efectos del impuesto estaba constituida por su valor neto (valor real menos cargas y deudas deducibles) en el momento del devengo, esto es, el día del fallecimiento de su hermana. A estos efectos, es irrelevante el hecho de que posteriormente se haya producido una anulación de la compraventa de las acciones, pues la anulación se produjo a instancia de los herederos en su condición de nuevos propietarios, en uso de uno de los derechos que les otorgaba la propiedad de las acciones.

 

Es decir, la indemnización que recibieron en cumplimiento del fallo judicial fue un hecho posterior al devengo del ISD, motivado por la actuación de los herederos y no del causante, por lo que no ha de tributar en dicho impuesto, sino en el IRPF, conforme a la normativa de dicho impuesto referente a las alteraciones patrimoniales.

 

Por lo tanto, la Dirección General de Tributos llega a la siguiente CONCLUSIÓN:

 

Las alteraciones en el patrimonio de un heredero producidas en bienes heredados, ya sean acciones o cualquier otro bien, por sentencia judicial derivada de un proceso iniciado por el heredero no generan la obligación de presentar una declaración complementaria del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, pues la alteración se produjo con posterioridad al devengo de dicho impuesto, sobre bienes ya pertenecientes al patrimonio del heredero y por su condición de nuevo propietario, no de heredero.

 

Por tanto, dicha alteración patrimonial deberá ser declarada en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del nuevo propietario conforme a la normativa de dicho impuesto relativa a las alteraciones patrimoniales.

Desde que en el año 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictara sentencia afirmando que la prestación por maternidad abonada por la Seguridad Social estaba exenta del IRPF, y mostraba así una postura contraria a la mantenida por Hacienda, mucho se ha escrito sobre este asunto.

 

Para conocer con exactitud las posturas de los tribunales y de Hacienda sobre la consideración como renta exenta o no exenta en el IRPF de la prestación por maternidad, iremos explicando los hechos que han ido ocurriendo desde ese año 2016.

 

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Antes de nada, hay que saber qué dice el artículo 7 letra h) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre sobre rentas exentas, resaltando el párrafo que ha generado disparidad de posturas.

 

h) Las prestaciones familiares reguladas en la Ley General de la Seguridad Social, y las pensiones y los haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.

 

Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a las previstas en el párrafo anterior por la Seguridad Social para los profesionales integrados en dicho régimen especial. La cuantía exenta tendrá como límite el importe de la prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas últimas.

 

Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad.

 

También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales.”

 

Es cierto que el conflicto no es nuevo, ya que en el año 2013 la Agencia Tributaria publicara una nota informativa negando la exención en el IRPF de esta prestación por maternidad, tras la presentación de diversos escritos solicitando la rectificación de las declaraciones de IRPF con solicitud de devolución para los ejercicios 2009 a 2012, en base a la posible exención de las cantidades satisfechas por la Seguridad Social en concepto de prestación por maternidad y que tuvieron su origen en la difusión masiva de mensajes telefónicos, en los que se instaba a la presentación de escritos ante la Agencia Tributaria para todas aquellas personas que hubiesen percibido este tipo de prestación.

 

Consulte la Nota Informativa:  Tratamiento de las prestaciones públicas de maternidad satisfechas por la Seguridad Social - Agencia Tributaria

 

 

El TSJ de Madrid abre la puerta a futuras reclamaciones

 

Una sentencia dictada en julio de 2016 por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid falla a favor de una contribuyente y declara que la prestación por maternidad entra dentro de las rentas exentas previstas en el artículo 7 de la LIRPF, y obliga a Hacienda a devolver las cantidades pagadas por la mujer en su declaración del impuesto.

 

Consulte la Sentencia: Exención prestación maternidad IRPF. Sentencia Administrativo Nº 810/2016, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, R…

 

Como decimos, el TSJ de Madrid obliga a Hacienda a devolver a una contribuyente la cantidad de 3.135 euros en concepto de pago del IRPF al haber recibido una prestación por maternidad de 11.679 euros.

 

El TSJ de Madrid fundamenta su fallo en lo siguiente:

 

Es decir, se añadió en ese texto legal un nuevo párrafo, el tercero, que se refiere, en general, al alcance de la exención de las prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad, sin distinguir la procedencia de las prestaciones y solo es en el cuarto párrafo donde se aclara que estarán exentas también las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales.

No hay que olvidar que el Instituto Nacional de la Seguridad Social es una entidad gestora de la Seguridad Social, con personalidad jurídica propia, adscrita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la SESS, que tiene encomendada la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social.

 

De ahí que la prestación por maternidad percibida por la actora de ese ente público tiene que estar forzosamente incluida en el tercer párrafo del art. 7h) LIRPF , ya que ese precepto reconoce tal beneficio tributario, con carácter general, en su párrafo tercero y lo que hace en el párrafo cuarto es ampliar el beneficio fiscal a las prestaciones que tengan procedencia de otros entes públicos, ya sean locales o autonómicos.

Por ello, la interpretación que realiza la AEAT de la regulación legal no es acertada, ya que se queda en el párrafo cuarto para denegar la exención pretendida de la prestación por maternidad, sin tener en cuenta la redacción del tercer párrafo.

 

De ahí que la consecuencia deba ser la íntegra estimación del recurso y la anulación de la presunta Resolución del TEAR por no ser conforme a derecho, declarando al propio tiempo el derecho de la actora a la rectificación de su autoliquidación de IRPF del ejercicio 2009 en el sentido solicitado y el derecho a percibir la devolución de la cantidad de 3.135,11 €, con sus correspondientes intereses legales.”

 

El TSJ de Andalucía opta por la no exención en el IRPF

 

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en sentencia dictada en octubre de 2016, falla lo contrario a lo establecido por el TSJ de Madrid, y considera que la prestación por maternidad no puede considerarse renta exenta del IRPF.

 

El caso resuelto por el TSJ de Andalucía, trae causa de la reclamación de una contribuyente que en el año 2011 cobrara 11.706 euros por la prestación de maternidad.

Entiende (igual que Hacienda) que tan solo las prestaciones por maternidad autonómicas y locales estarían exentas, recordando que la Ley General Tributaria no admite analogías para extender el efecto de las exenciones.

 

"Rechazada la pretendida exención de la prestación por maternidad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sin que otra cosa pueda extraerse de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del Orden social, que introdujo esa medida en la precedente Ley 40/1998, de 9 de diciembre, en términos sustancialmente coincidentes con los empleados por la norma hoy vigente, y sin, que, más concretamente, a ello obsten los términos empleados por su Exposición de Motivos al referirse en tal sentido al establecimiento de la '..exención de las prestaciones públicas percibidas por nacimiento, parto múltiple, adopción, maternidad e hijo a cargo..', términos estos cuyo alcancé genérico permite entenderlos sin esfuerzo como referidos a las prestaciones por nacimiento procedentes de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, sí incluidas efectivamente en la exención."

Consulte la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso del TSJ de Andalucía:  No exención prestación maternidad IRPF. Sentencia Administrativo TSJ Andalucía, Sala de lo Contencioso, Rec 337/2015, 27…

 

 

Unificación de criterio por el TEAC. La prestación por maternidad tributa por IRPF

 

No es hasta marzo de este año 2017, cuando el Tribunal Económico Administrativo Central (dependiente de Hacienda) unifica criterio en vía administrativa y da la razón al fisco entendiendo que la prestación por maternidad pagada por la Seguridad Social, no puede ser considerada renta exenta del IRPF.

 

Consulte la Resolución TEAC de 02/03/2017: Resolución TEAC, 7334/2016, 02-03-2017. Prestación por maternidad no prevista como renta exenta en el IRPF. | Iberley

 

El TEAC le da la razón a Hacienda y ello supondrá que toda reclamación sobre la tributación en el IRPF de esta prestación que llegue a un TEAR, será rechazada. 

 

Una interpretación finalista de la norma nos debe llevar a la misma conclusión; en efecto, hay que tener presente que la prestación de maternidad satisfecha por la Seguridad Social tiene la función de sustituir a la retribución normal (no exenta de IRPF) que obtendría la contribuyente por su trabajo habitual y que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente permiso.

 

A pesar de las razones apuntadas, en una reciente sentencia de 6 de julio de 2016 , el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha venido a declarar la exención del IRPF de una prestación de maternidad percibida del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por entender que dicha prestación se encuentra comprendida en el párrafo tercero de la letra h): "Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad".

 

Para el TSJ de Madrid, siendo el INSS un ente público, la prestación de maternidad satisfecha por el mismo está forzosamente incluida en dicho párrafo tercero, cuya función es la de reconocer un beneficio tributario con carácter general, mientras que el párrafo cuarto únicamente amplia el beneficio fiscal a las prestaciones que tengan procedencia de otros entes públicos, ya sean locales o autonómicos.

 

En opinión de ese Centro Directivo el argumento central de la tesis del TSJ de Madrid resulta contradictorio en sí mismo, pues si el párrafo tercero de la letra h) tuviese la función de reconocer un beneficio tributario con carácter general para todas las prestaciones reconocidas por cualquier ente público, el párrafo cuarto de esa misma letra carecería de sentido, siendo evidente que las prestaciones de maternidad concedidas por Comunidades Autónomas o entidades locales ya estarían comprendidas en el párrafo tercero.”

 

Un año después, el TSJ vuelve a la carga. Segunda sentencia afirmando la exención en el IRPF de la prestación por maternidad

 

El 18 de julio de 2017, se daba a conocer la segunda sentencia dictada por el TSJ de Madrid reconociendo como renta exenta del IRPF a la prestación por maternidad pagada por el INSS.

 

Consulte la sentencia de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Madrid de 29/06/2017: Sentencia TSJ Madrid 29/06/2017

 

La Sección Quinta estima íntegramente el recurso de una particular y revoca una resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid que anulaba la autoliquidación de la Renta de una mujer que había percibido del INSS 8.993.60 euros en concepto de prestación por maternidad en 2013; cantidad que no había declarado al entender que estaba exenta de tributación .

 

Por ese motivo, finalmente tuvo que abonar 361,13 euros, que el Tribunal ordena ahora que le sean reintegrados con sus correspondientes intereses legales.

 

Según el TSJ de Madrid:

 

“No hay que olvidar –afirman los magistrados en la sentencia- que el Instituto Nacional de la Seguridad Social es una entidad gestora de la Seguridad Social, con personalidad jurídica propia, adscrita al Ministerio de Empleo y Seguridad Social y que tiene encomendada la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la seguridad Social. (…) De ahí que la prestación por maternidad percibida por la actora de ese ente púbico tiene que estar forzosamente incluida en el tercer párrafo del artículo 7 h) de la Ley, ya que ese precepto reconoce tal beneficio tributario, con carácter general”.



 

El Supremo puede tener la última palabra en vía judicial

 

Ambas sentencias dictadas por el TSJ de Madrid a las que hemos hecho referencia son susceptibles de ser recurridas a través de la interposición del recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

 

De ser recurridas, el Supremo tendría que unificar un criterio a seguir por los tribunales para solucionar futuras reclamaciones.

 

Además de las 2 sentencias favorables del TSJ de Madrid a las que hemos hecho mención, pueden consultar otra del mismo tribunal del año 2010, reconociendo la devolución de cantidades por la prestación por maternidad a favor de la contribuyente:

 

Sentencia Administrativo Nº 148/2010, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 1085/2007, 03-02-2010 | Iberley

 

Por el contrario, además de la sentencia dictada por el TSJ de Andalucía reconociendo la no exención en el IRPF de esta prestación, existe otra con la misma postura dictada por el TSJ de Castilla y León del año 2012:

 

Sentencia Administrativo Nº 1727/2012, TSJ Castilla y Leon, Sala de lo Contencioso, Sec. 3, Rec 33/2009, 15-10-2012 | Ib…

 

 

Para finalizar….

 

A la vista de todo lo expuesto, queda claro que en la vía administrativa existe una postura clara, “las retribuciones satisfechas en forma de prestación por maternidad satisfechas por la Seguridad Social deben calificarse como rendimientos del trabajo de acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del apartado 2 del artículo 17 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre.”

 

Por lo que, en caso de reclamación, en la vía administrativa nunca se le dará la razón al contribuyente.

 

¿Y en vía judicial? Por el momento existen posturas contradictorias, y se espera que sea el Supremo el que clarifique el escenario, y unifique criterio al respecto.

 

¿Qué pasos se debería seguir en caso de querer reclamar la devolución de lo pagado por el IRPF por la prestación por maternidad?

 

Presentar una Rectificación de autoliquidación ante la Agencia Tributaria (AEAT) dejando constancia del ejercicio que se reclama y por qué concepto. Se debe tener el plazo de prescripción de 4 años para presentar las reclamaciones ante la AEAT.

 

En el caso, más que probable, de que Hacienda niegue la devolución, se deberán presentar alegaciones (que también serían denegadas) y un recurso ante el Tribunal Económico Administrativo Regional correspondiente, hasta agotar la vía administrativa.

 

Si tras el agotamiento de la vía administrativa el resultado es negativo (que lo será), quedaría acudir a la vía judicial interponiendo un recurso contencioso administrativo.

 

Consulten los siguientes formularios:

 

Escrito de solicitud de rectificación de autoliquidación de IRPF y devolución de prestación por maternidad | Iberley

 

Escrito de recurso de reposición contra denegación de devolución de prestación por maternidad | Iberley  

 

Formulario de reclamación económico-administrativa para la devolución de la prestación por maternidad | Iberley

 

Escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo contra desestimación de reclamación económico administrat…

 

Formulario de demanda de recurso contencioso-administrativo reclamando la devolución de ingresos indebidos por prestació…

La denominada amnistía fiscal de 2012 fue introducida por el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, a través de la DA 1ª por la que se establecía la “Declaración tributaria especial”.

 

Por medio de esta disposición se permitía que todas aquellas personas físicas o jurídicas que no habían declarado a la Hacienda Pública todos sus ingresos, pudieran regularizar su situación tributaria, a través de la presentación de una declaración, por la cual las rentas así declaradas tributaría al 10%, sin aplicación de recargos ni sanciones penales o administrativas.

 

El plazo para acogerse a esta “declaración especial” fue desde marzo a noviembre de 2012, declarando los ejercicios fiscales de 2008 a 2010.

 

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Tras la publicación del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, el 4 de junio de 2012 el BOE publicaba la Orden HAP/1182/2012, de 31 de mayo, por la que se desarrolla la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, se aprueban cuantas medidas resultan necesarias para su cumplimiento, así como el modelo 750, declaración tributaria especial, y se regulan las condiciones generales y procedimiento para su presentación.

 

En esta orden se establecía los bienes o derechos que podían ser objeto de declaración especial:

 

“cualquier bien o derecho cuya titularidad se corresponda con rentas no declaradas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de no Residentes. “

 

Y se declaraba el carácter secreto de los datos relativos a dicha declaración, por lo que no podría conocerse la identidad de las personas que se acogieran a esta amnistía.

 

¿Cuanto dinero se recaudó?

 

El Gobierno del Partido Popular preveía ingresar a las arcas públicas unos 2.500 millones de euros, pero la verdad es que la cifra quedó muy por debajo de lo esperado.

 

La Hacienda Pública ingresó unos 1.200 millones de euros, presentándose un total de 31.484 declaraciones, con un importe medio a pagar por contribuyente de 37.800 euros.

 

Las declaraciones especiales presentadas por personas físicas fueron del 98%, mientras que las declaraciones presentadas por entidades jurídicas tan solo fueron del 2%.

 

¿Cómo fueron las amnistías anteriores a la de Montoro de 2012?

 

La primera fue la aprobada por Ley, en 1985 (Ley 14/1985, de 29 de mayo; BOE 30/05/1985) por el Ministro Boyer, por la que se permitía la emisión de AFROS (activos financieros con retención en origen) a cambio de una retención del 45%, garantizándose una opacidad fiscal para los que se acogieran a ella.

 

La segunda fue la realizada por el Gobierno de Felipe González en 1991, con la nueva ley del IRPF (Ley 18/1991, de 6 de junio; BOE 07/06/1991) a través de emisión de pagarés del Tesoro para ser colocados entre los defraudadores fiscales, a cambio de ocultar la identidad de éstos, pagándose una remuneración de un 5,5%, muy inferior a la rentabilidad que se daba en operaciones similares.

 

Todo esto ocurrió antes de la creación de al Agencia Tributaria en el año 1992.

 

¿Quiénes se acogieron a la amnistía fiscal de 2012?

 

Personajes públicos del ámbito político y empresarial que en la actualidad se encuentran investigados por la presunta comisión de diversos delitos fiscales, se acogieron a la declaración especial. Como ejemplos, podemos nombrar a: Rodrigo Rato, Francisco Granados, Luis Bárcenas, Diego Torres, Fernando Martín, José Ángel Fernández Villa, entre otros tantos.

 

¿Que es lo que dice el Tribunal Constitucional en la sentencia dada a conocer el 8 de junio de 2017 sobre la amnistía fiscal de 2012?

 

La sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional trae causa del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el grupo parlamentario del PSOE en junio de 2012 contra la DA 1ª del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por presunta vulneración del los artículos 86.1 y 31.1 de la Constitución (CE).

 

El TC en Pleno, por unanimidad, estima este recurso y declara la inconstitucionalidad y nulidad de la amnistía fiscal de 2012, y lo hace dando cierto tirón de orejas al Gobierno del Partido Popular (PP) por recurrir muy a menudo a los Real Decretos Ley para legislar.

 

El TC considera que la amnistía fiscal de 2012, vulnera el artículo 86.1 de la CE, que prohíbe el uso del decreto-ley cuando las medidas afecten “de forma relevante o sustancial” a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución, como es el caso del “deber constitucional de ‘todos’ de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” (art. 31.1 CE).

 

Viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir. El objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra el objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario, en general, y las concretas medidas que lo integran, en particular.”

 

Cuando la Constitución autoriza el establecimiento de prestaciones patrimoniales de carácter público no lo hace de cualquier manera, sino “con arreglo a la ley” (art. 31.3 CE).

 

Con esta previsión, el texto constitucional está consagrando el principio de reserva de ley, de manera que cualquier prestación patrimonial de carácter público, de naturaleza tributaria o no, debe fijarse por la propia ley o con arreglo a lo dispuesto en la misma; reserva de ley que, como este Tribunal ha señalado en varias ocasiones, tiene como uno de sus fundamentos el de “garantizar que las prestaciones que los particulares satisfacen a los entes públicos sean previamente consentidas por sus representantes”, configurándose de este modo como “una garantía de autoimposición de la comunidad sobre sí misma y, en última instancia, como una garantía de la libertad patrimonial y personal del ciudadano”.

 

Incide en que:

 

“De la misma manera que la Constitución ha sometido al imperio de la ley, con carácter general, el establecimiento de prestaciones patrimoniales de carácter público, cuando tienen naturaleza tributaria, ha condicionado los instrumentos normativos a través de los cuales se puede cumplir con aquella reserva, pues no sólo limita el uso del decreto-ley a aquellos supuestos en los que no se afecte a los deberes de los ciudadanos regulados en el título I (art. 86.1 CE) y, concretamente, al deber de contribuir de todos al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE), sino que impide la utilización de la Ley de presupuestos como instrumento a través del cual «crear tributos» (art. 134.7 CE) y excluye la materia tributaria de la iniciativa popular (art. 87.3 CE)”

 

De este modo, cuando el art. 86.1 CE excluye del ámbito del decreto-ley a los deberes consagrados en el Título I de la Constitución, únicamente está impidiendo aquellas intervenciones o innovaciones normativas que afecten, no de cualquier manera, sino de forma relevante o sustancial, al deber constitucional de “todos” de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE).

 

Para examinar si la medida prevista en la DA 1ª del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo (amnistía fiscal) afecta al deber de todos de contribuir al sostenimiento del gasto público, el TC cita 3 importantes efectos de dicha medida:

 

1. Permitió la regularización de las rentas previamente ocultadas “a un tipo reducido” (10%);

 

2. Eximió a los contribuyentes que se acogieron a la regularización de “la imposición de intereses de demora, de recargos por ingresos extemporáneos y de sanciones, administrativas o penales, por el incumplimiento de los deberes formales y materiales derivados del nacimiento de la obligación tributaria”;

 

3. Convirtió las cantidades por las que se tributó en la regulación “en renta declarada a todos los efectos”.

 

El TC concluye, una vez analizados los tributos en los que ha incidido la DA 1ª del Real Decreto-ley 12/2012 (IRPF, IS, IRNR) la regularización en ella prevista se dirige a la totalidad de los contribuyentes afectados por los impuestos directos.

 

Además señala que, la disposición impugnada ha afectado sustancialmente a la determinación de la deuda tributaria pendiente de los tributos afectados, en todos sus eventuales componentes (cuota tributaria, intereses de demora, recargos y sanciones); permite la regularización a un tipo reducido, con exclusión de toda responsabilidad accesoria, tanto por el retraso en el cumplimiento de la obligación tributaria como por la comisión de las eventuales infracciones, administrativas o penales, en las que se hubiese podido incurrir hasta el momento de la regularización.

 

Con ello, el efecto que ha producido en quienes se han acogido a la regularización es, como hemos advertido anteriormente, la condonación parcial de la obligación tributaria principal y la condonación total de las eventuales consecuencias accesorias asociadas al incumplimiento existente hasta el momento de la regularización.

 

En su fundamentación, el TC cita la STC 189/2005, en que consideró que las modificaciones operadas por el Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio, en el régimen tributario de los incrementos y disminuciones patrimoniales en el IRPF, habían afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el art. 31.1 CE; se había alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes, y expresa que en el caso actual no puede llegar a una conclusión distinta a la tomada en aquella ocasión:

 

“La previsión contenida en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012 ha incidido directa y sustancialmente en la determinación de la carga tributaria que afecta a toda clase de personas y entidades (físicas y jurídicas, residentes o no residentes), al sustituir las cantidades que, conforme a la normativa propia de cada tributo, se habrían devengado por las rentas generadas –aunque ocultadas a la Hacienda Pública– por un 19 gravamen único del 10 por 100, exento de intereses, recargos y sanciones (administrativas y penales) .”

 

Debe concluirse, en suma, que con esta medida normativa se ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el art. 31.1 CE, al haberse alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes, en unos términos que resultan prohibidos por el art. 86.1 CE. 

 

Por último el Constitucional responde a algunas de las alegaciones realizadas por el Abogado del Estado tendentes a justificar la legitimidad de la medida impugnada, de la siguiente manera:

 

“La adopción de medidas que, en lugar de servir a la lucha contra el fraude fiscal, se aprovechan del mismo so pretexto de la obtención de unos ingresos que se consideran imprescindibles ante un escenario de grave crisis económica, supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos (art. 31.1 CE).

 

 

Viene así a legitimar como una opción válida la conducta de quienes, de forma insolidaria, incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo su obligación de contribuir.

 

El objetivo de conseguir una recaudación que se considera imprescindible no puede ser, por sí solo, causa suficiente que legitime la quiebra 21 del objetivo de justicia al que debe tender, en todo caso, el sistema tributario, en general, y las concretas medidas que lo integran, en particular.

 

¿Afecta esta sentencia a los contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal?

 

La respuesta es NO. El Pleno del TC invocando el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la CE, afirma:

 

“En virtud del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), la decisión del Tribunal no afectará a las regularizaciones tributarias firmes que se realizaron al amparo de la norma anulada.”

 

Sentencia Tribunal Constitucional inconstitucionalidad y nulidad amnistía fiscal 2012

La Dirección General de Tributos (DGT) aborda esta cuestión en una novedosa consulta emitida el pasado 24 de abril de 2017, con el n.º V0992-17.

 

Analiza la numerosas consecuencias fiscales de la devolución de las cantidades indebidamente soportadas por el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (el denominado “céntimo sanitario”) una vez fallece el empresario que presentó la reclamación por dichas cantidades.

 

céntimo sanitario.jpg

 

La cuestión que se planteó a la DGT fue la siguiente:

 

El padre de la consultante ejerció durante varios años la actividad de transporte de mercancías por carretera cesando en la actividad en el año 2013 por jubilación.

En julio de 2014 solicitó la devolución de cantidades indebidamente soportadas por el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH).

 

Dichas cantidades más los intereses han sido abonadas durante el año 2016, dos años después de su fallecimiento, acaecido en 2014, razón por la cual esas cantidades han sido recibidas por la consultante, su madre y su hermana, como únicas herederas.

 

Las herederas, conocedoras de la reclamación interpuesta, declararon el importe principal reclamado en la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por la muerte de su padre y marido.

 

La consultante planteó a la Dirección General de Tributos dos preguntas:

 

1. Si las herederas deben declarar la cuantía recibida en concepto de principal teniendo en cuenta que ya se declaró dicha cantidad al liquidar el Impuesto de Sucesiones.

 

2. Si las herederas deben declarar la cuantía recibida en concepto de intereses y por qué impuesto.

 

Pues bien, a la vista de estas cuestiones, la DGT llega a las siguientes CONCLUSIONES:

 

PRIMERA:

 

La solicitud de devolución de ingresos indebidos a la Hacienda Pública por las cantidades indebidamente soportadas por el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos constituye un crédito frente a la Hacienda Pública y, como tal, un derecho con contenido económico susceptible, en caso de fallecimiento del solicitante, de ser integrado en la masa hereditaria o caudal relicto del causante y de conformar el hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por el concepto de adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio.

 

SEGUNDA:

 

Si, con posterioridad al fallecimiento del causante que solicitó la devolución de ingresos indebidos a la Hacienda Pública, las herederas del causante perciben el importe solicitado, tal percepción no está sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, pues ya se devengó dicho impuesto en el momento del fallecimiento del causante por el derecho de crédito y las herederas ya debieron haberlo declarado como tal por el concepto de adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, junto con el resto de los bienes y derechos que integraron el caudal relicto.

 

TERCERA:

 

La percepción de los intereses percibidos por las herederas del causante correspondientes a la devolución de ingresos indebidos en la medida en que traen causa y se vinculan al hecho del fallecimiento del causante, constituyen hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por lo que las herederas deberán presentar autoliquidaciones complementarias por el impuesto en función de la alícuota hereditaria que le hubiera correspondido en su día a cada una de las herederas.

 

CUARTA:

 

Además de la tributación que corresponde a las herederas, las cantidades correspondientes a la devolución del IVMDH constituirán renta gravable del fallecido en el IRPF como rendimientos de actividades económicas, dado que las mismas se derivan del ejercicio de una actividad económica desarrollada por una persona física antes de su fallecimiento. Por su parte, desde la consideración de ganancias y pérdidas patrimoniales que, a efectos del IRPF tienen los intereses de demora, los importes satisfechos a la consultante, su hermana y su madre por este concepto, en calidad de herederas del padre, procede atribuirlos a la persona que ha generado el derecho a su percepción, condición que únicamente puede corresponder al padre.

 

Para entender el por qué de estas conclusiones, procedemos a analizar a fondo la consulta vinculante V0992-17.

 

En primer lugar, la DGT se centra en la tributación de la cuantía recibida en concepto de principal.

 

Haciendo mención expresa a los artículos 661 y 989 del Código Civil y artículo 3 de la LISD, los herederos del causante, sucedieron a aquel, en todos sus derechos y obligaciones, entre ellos en el crédito que él tenía contra la Hacienda Pública por las cantidades indebidamente soportadas por el Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos.

 

Este crédito constituía un derecho con contenido patrimonial y, como tal, fue incluido en el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que integraban el patrimonio del causante (caudal relicto o masa hereditaria), cuya adquisición, conforme al artículo 3.1.a) de la LISD, constituyó el hecho imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por el concepto de adquisición de bienes y derechos por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio.

 

Manifiesta la consultante que, en su día, las tres herederas incluyeron el importe del principal de la devolución solicitada a la Hacienda Pública.

 

Por lo tanto, a la primera cuestión planteada – si las herederas deben declarar la cuantía recibida en concepto de principal–, la DGT responde en sentido negativo.

 

No tienen que declarar nada, puesto que ya lo hicieron en la liquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por la herencia de su padre y marido.

 

En segundo lugar, la DGT analiza la tributación de la cuantía recibida en concepto de intereses y por qué impuesto.

 

Respecto a si las herederas deben declarar la cuantía recibida en concepto de intereses, la DGT contesta en sentido positivo. La percepción de los intereses constituye una renta que, como tal, debe ser declarada.

 

La DGT, para fundar su respuesta, cita la consulta vinculante V0419-15, en la que se concluye que

 

«… en la medida en que el incremento patrimonial que perciben los herederos trae causa y se vincula al hecho del fallecimiento del causante, constituye hecho imponible del impuesto sucesorio, por lo que deberá presentar autoliquidación complementaria por el impuesto en función de la alícuota hereditaria que le hubiera correspondido en su día por el importe total que se perciba, incluidos los intereses de demora totales, que forman parte de la expectativa del derecho de crédito que existía en su día y que ahora se va a materializar».

 

En el presente caso, dado que la cuantía recibida en concepto de principal ya fue declarada en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en su día, las autoliquidaciones complementarias que deberán presentar lo serán únicamente por los intereses de demora percibidos.

 

En tercer lugar, se razona sobre la tributación de las cuantías recibidas en el causante.

 

Una vez analizada la tributación de las cantidades percibidas en las herederas, la DGT expresa que, falta por analizar si, además, han de tributar en el causante, que es quien generó el derecho a su percepción.

 

El padre de la consultante ejerció durante varios años la actividad de transporte de mercancías por carretera tributando con arreglo al método de estimación objetiva hasta el año 2011, en que quedó excluido pasando a tributar con arreglo al método de estimación directa hasta 2013, año en el que cesó la actividad por jubilación.

 

En 2014 solicitó la devolución de las cantidades indebidamente soportadas por el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH). Dichas cantidades más los correspondientes intereses han sido abonadas en 2016 a la consultante, su madre y su hermana como únicas herederas del padre, el cual falleció en agosto de 2014.

 

Se analiza ahora el tratamiento fiscal que tiene en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas la devolución del IVMDH y de los intereses de demora correspondientes a un contribuyente que en el momento de la devolución ya no ejerce ninguna actividad económica.

 

Bajo la consideración de los importes correspondientes al IVMDH como gastos incurridos por el contribuyente en el ejercicio de su actividad económica, la devolución de dichos importes tendrá la consideración, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de rendimientos de actividades económicas, en cuanto tienen su origen en el ejercicio de una actividad desarrollada por el contribuyente.

 

La DGT expresa que, el tratamiento en el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a la imputación temporal de la devolución a que se refiere la consulta, ha sido analizado en diferentes consultas, como la consulta vinculante V1898-15, de 17 de junio de 2015.

 

En dicha consulta se manifestaba al respecto:

 

“2. Tratamiento tributario de los importes devueltos por la cuota del IVMDH de ejercicios no prescritos en el Impuesto sobre Sociedades (IS).

 

En primer lugar, con carácter previo, es necesario reiterar respecto a la prescripción lo expresado con anterioridad en el apartado dedicado al IRPF.

El artículo 10.3 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (BOE de 28), en adelante LIS, establece lo siguiente:

 

3. En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta Ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas.”.

La DGT afirma que, la devolución del IVMDH, contabilizado en su día como gasto, debe imputarse como ingreso en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio en que se reconoce el derecho a su devolución.

 

En consecuencia, el contribuyente deberá imputar el importe de la devolución del IVMDH como rendimiento de la actividad económica en el ejercicio en que se haya acordado su devolución, sin que proceda efectuar declaraciones complementarias por los ejercicios en que se pagaron los importes objeto de devolución. Además debe precisarse que dado que no ejerce una actividad económica no está obligado a cumplir ningún tipo de obligaciones formales, contables o registrales que se exige a los titulares de actividades económicas.

 

Respecto a la tributación de los intereses de demora, cabe indicar que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas los intereses percibidos por el contribuyente tienen diferente calificación, en función de su naturaleza remuneratoria o indemnizatoria. Los intereses remuneratorios constituyen la contraprestación, bien de la entrega de un capital que debe ser reintegrado en el futuro, bien del aplazamiento en el pago, otorgado por el acreedor o pactado por las partes. Estos intereses tributarán en el impuesto como rendimientos del capital mobiliario, salvo cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley del Impuesto, proceda calificarlos como rendimientos de la actividad empresarial o profesional.

Por otro lado, los intereses indemnizatorios tienen como finalidad resarcir al acreedor por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de una obligación o el retraso en su correcto cumplimiento. Estos intereses, debido a su carácter indemnizatorio, no pueden calificarse como rendimientos del capital mobiliario. En consecuencia, a tenor de lo dispuesto en los artículos 25 y 33.1 del mismo texto legal, han de tributar como ganancia patrimonial.

 

En el supuesto planteado, la devolución del IVMDH y de los intereses de demora no se efectúa a la persona que la solicitó, sino a sus herederos al haber fallecido dicha persona.

Para determinar quién debe declarar tales cantidades en el IRPF, la DGT entiende que se debe acudir al artículo 11 de la LIRPF, en el cual se encuentra recogida la individualización de rentas disponiendo lo siguiente:

“1. La renta se entenderá obtenida por los contribuyentes en función del origen o fuente de aquella, cualquiera que sea, en su caso, el régimen económico del matrimonio”.

(…).

 

4. Los rendimientos de las actividades económicas se considerarán obtenidos por quienes realicen de forma habitual, personal y directa la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y los recursos humanos afectos a las actividades.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que dichos requisitos concurren en quienes figuren como titulares de las actividades económicas.

 

5. Las ganancias y pérdidas patrimoniales se considerarán obtenidas por los contribuyentes que, según lo previsto en el artículo 7 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, sean titulares de los bienes, derechos y demás elementos patrimoniales de que provengan.

Las ganancias patrimoniales no justificadas se atribuirán en función de la titularidad de los bienes o derechos en que se manifiesten.

Las adquisiciones de bienes y derechos que no se deriven de una transmisión previa, como las ganancias en el juego, se considerarán ganancias patrimoniales de la persona a quien corresponda el derecho a su obtención o que las haya ganado directamente.”.

En virtud de lo anteriormente dispuesto, las cantidades correspondientes a la devolución del IVMDH constituirán renta gravable del fallecido en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como rendimientos de actividades económicas, dado que las mismas se derivan del ejercicio de una actividad económica desarrollada por una persona física antes de su fallecimiento.

 

Por su parte, desde la consideración de ganancias y pérdidas patrimoniales que, a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas tienen los intereses de demora, los importes satisfechos a la consultante, su hermana y su madre por este concepto, en calidad de herederas del padre, procede atribuirlos a la persona que ha generado el derecho a su percepción, condición que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.5, únicamente puede corresponder al padre.

 

Por todo ello, la DGT finaliza expresando que, procederá imputar la devolución del IVMDH y los intereses de demora al período impositivo en el que se produjo el fallecimiento del causante, esto es, al periodo 2014.

Actualizado El 1 de Julio de 2017 ya ha llegado, y desde ese mismo día ha dado comienzo la fase obligatoria de aplicación del Sistema de Suministro Inmediato de Información, pero ¿qué es exactamente el denominado SII?

 

Pues bien, el Suministro Inmediato de Información (SII), constituye un cambio de la gestión actual del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), vigente durante 30 años, pasando a un nuevo sistema de llevanza de los libros registro de dicho impuesto, a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, configurándose como un suministro “inmediato” de los registros de facturación.

 

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Su regulación se encuentra en el Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, publicado en el BOE del 6 de Diciembre de 2016 (en vigor el 01/07/2017).

 

Actualizado ¿Quiénes utilizarán este nuevo sistema?

 

El SII será de aplicación obligatoria para los siguientes sujetos pasivos que tengan período de liquidación del IVA mensual:

 

  • Inscritos en el REDEME (Registro de Devolución Mensual del IVA)
  • Grandes Empresas (facturación superior a 6.010.121,04 €)
  • Grupos de IVA

 

Los demás sujetos pasivos de este impuesto, podrán utilizar este sistema de forma voluntaria, a través del modelo 036.

 

Podrá optarse por primera vez a este sistema,en el mes de junio de 2017, surtiendo efectos el 1 de julio del mismo año, y conllevará la obligación de autoliquidar el IVA de forma mensual, y permanecer en este sistema durante el año natural para el que se ejercita la opción, pudiendo renunciar al mismo posteriormente.

 

Nuevo El sábado 27 de mayo de 2017, el BOE hacía publico el Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, estableciendo un plazo extraordinario de RENUNCIA en el REDEME  y en la aplicación del régimen especial del grupo de entidades (grupos IVA) durante el año 2017.

 

Los sujetos pasivos inscritos en el registro de devolución mensual (REDEME) podrán solicitar la baja voluntaria en el mismo.

 

En el caso de entidades acogidas al régimen especial del grupo de entidades, la solicitud de baja se presentará por la entidad dominante y habrá de referirse a la totalidad de las entidades del grupo que apliquen el régimen especial.

 

Las entidades que apliquen el régimen especial del grupo de entidades, podrán renunciar a la aplicación de este régimen especial.

 

La solicitud de baja y la renuncia establecidas en los apartados anteriores podrán efectuarse desde el 28 de mayo hasta el día 15 de junio de 2017, con efectos de 1 de julio de ese año

 

De este forma, los sujetos pasivos al darse de baja del REDEME y del grupo de entidades, ya no estarán obligados a utilizar el SII.

 

Además, el Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, establece la prohibición por parte de los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado de IVA, de llevar los libros registro a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con efectos para el año 2017

 

Actualizado  Un sujeto pasivo que haya solicitado la renuncia extraordinaria al REDEME durante el mes de junio de 2017, podrá volver a darse de alta en el mismo en noviembre de 2017, con fecha de efectos del alta de 1 de enero de 2018.

 

¿Cómo funciona el SII?

 

Los sujetos pasivos que utilicen este sistema deberán llevar los siguientes Libros Registro a través de la Sede electrónica de la AEAT:

 

  • Libro registro de Facturas Expedidas.
  • Libro registro de Facturas Recibidas.
  • Libro registro de Bienes de Inversión. (sujetos pasivos sometidos a la regla de la prorrata)
  • Libro registro de Determinadas Operaciones Intracomunitarias (Art. 66 RIVA)

 

Este suministro se hará cumpliendo con lo previsto en la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria, publicada en el BOE del 15 de mayo de 2017 (en vigor el 01/07/2017).

 

Lo que deberán remitir son los campos de los registros de facturación (no las facturas) que se concretan en la  Orden HFP/417/2017 de 12 de May (Llevanza de los Libros registro del IVA a través de la Sede electrónica de la AEAT) |… .

 

 

¿En qué plazos se deben enviar los registros de facturación a la Agencia Tributaria?

 

En el caso de facturas expedidas, se hará en el plazo de 4 días naturales desde la expedición de la misma, salvo facturas expedidas por el destinatario o un tercero, que se hará en el plazo de 8 días naturales.

 

En todo caso, el suministro tendrá que hacerse antes del 16 del mes siguiente al devengo del IVA correspondiente a la operación que va a registrarse.

 

Ejemplos aportados por la AEAT:

 

Ejemplo 1: un empresario A presta un servicio a otro empresario el 2 de agosto de 2017, expidiendo la correspondiente factura ese mismo día. El plazo para remitir el registro de esta factura a través del SII finaliza el 14 de agosto.

 

Ejemplo 2: un empresario A presta un servicio a otro empresario el 2 de agosto de 2017, expidiendo la correspondiente factura el 13 de septiembre de 2017 (el plazo de expedición finaliza el 15 de septiembre). El plazo para remitir el registro de esta factura a través del SII finaliza el 15 de septiembre (opera la fecha límite).

 

Ejemplo 3: un empresario realiza una entrega intracomunitaria a un cliente francés. El inicio del transporte de los bienes se produce el 19 de octubre y la factura se expide el 15 de noviembre (último día para expedir la factura de acuerdo con el artículo 11.2 RD 1619/2012 y fecha en la que se produce el devengo de la operación). El plazo para remitir el registro de esta factura a través del SII finaliza el 27 de noviembre.

 

Para el caso de facturas recibidas, el plazo será de 4 días naturales desde la fecha en que se produzca el registro contable de la factura, y en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al período de liquidación en que se hayan incluido las operaciones correspondientes.

 

Ejemplos aportados por la AEAT:

 

Ejemplo 4: un empresario que recibe una factura el 9 de agosto de 2017 decide consignar y deducir la cuota soportada en el modelo 303 del mes de agosto, procediendo a su registro contable con fecha de entrada en el sistema el 13 de septiembre. El plazo para remitir el registro de esta factura a través del SII finaliza el 15 de septiembre (opera la fecha límite).

 

Ejemplo 5: un empresario que recibe una factura el 9 de agosto de 2017 procede a su registro contable con fecha de entrada en el sistema el 13 de octubre. El pazo para remitir el registro de esta factura a través del SII finaliza:

El 16* de octubre si deduce la factura en el modelo 303 de septiembre (opera la fecha límite). (*) Ver cómputo de plazos.

el 25 de octubre si deduce la factura en el modelo 303 de octubre.

 

De acuerdo con los ejemplos anteriores, una factura podrá deducirse una vez se haya recibido y se anote en el Libro registro de Facturas recibidas antes de que finalice el plazo de presentación del modelo 303 en que se incluya. No obstante deberá tenerse en cuenta la fecha límite para remitir los registros a través del SII del día 15 del mes siguiente a aquel en que se proceda a la deducción.

 

Ejemplo 6: un empresario registra contablemente una factura recibida, de la que no tiene constancia de la fecha de recepción. La fecha de entrada en el sistema es el 13 de octubre. El plazo para remitir el registro de esta factura a través del SII finaliza el 25 de octubre. La factura podrá deducirse a partir del período de liquidación correspondiente al mes de octubre.

 

En el caso operaciones de importación, los cuatro días naturales se deberán computar desde que se produzca el registro contable del documento en el que conste la liquidación del IVA por la Aduana y, en todo caso, antes del día 16 del mes siguiente al final del periodo al que se refiera la declaración en la que se hayan incluido (período en que se deduce el IVA soportado).

 

Ejemplo 7: un empresario importa mercancía despachada a libre práctica el 25 de octubre, produciéndose en esa misma fecha la admisión del DUA y liquidación del IVA por la Aduana. El empresario decide consignar y deducir la cuota soportada en el modelo 303 del mes de octubre, procediendo a su registro contable el 9 de noviembre. El plazo para remitir el registro del DUA a través del SII finaliza el 15 de noviembre (opera la fecha límite).

 

 

En caso de operaciones intracomunitarias, el plazo será también de 4 días naturales, desde el momento de inicio de la expedición o transporte, o en su caso, desde el momento de la recepción de los bienes.

 

Por último, para los bienes de inversión, se hará dentro del plazo de presentación del último período de liquidación de año (hasta el 30 de enero).

 

Durante el segundo semestre de 2017: El plazo de 4 días naturales, se amplía a 8 días naturales.

 

Para el cómputo de plazos de 4 u 8 días naturales, se excluirán los sábados, domingos y festivos nacionales. En el caso de que la fecha límite del 15 del mes siguiente sea sábado, domingo o festivo nacional, se trasladará al primer día hábil siguiente. (Art. 69 bis LIVA)

 

¿Dónde se encuentra la información que se debe ser remitida a través de la Sede electrónica de la AEAT?

 

Dicha información se encuentra en:

  • Libros Registro de IVA
  • Facturas
  • Modelos 340 y 347

 

Los sujetos pasivos deberán comunicar a la AEAT la información siguiente:

 

a) sobre facturación:

 

  • Registro: Libro registro de facturas recibidas y expedidas, bienes de inversión y Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias.

 

  • Datos de la factura / factura simplificada: NIF, identificaciones, Fecha de expedición, tipos, bases y cuotas, inversión del sujeto pasivo.

 

  • Tipo de operación: a identificar mediante CLAVES (factura simplificada, factura rectificativa, IVA de caja y resto de regímenes especiales…)

 

  • Otros datos: cuota deducible, número de referencia catastral en determinados arrendamientos de local de negocio, acuerdos de facturación,…

 

b) en su caso, suministro de otras Operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual:

 

- importes superiores a 6.000 euros recibidos en metálico.

 

- operaciones de seguros (solo entidades aseguradoras)

 

- información suministradas por agencias de viajes sobre las compras correspondientes a prestaciones de servicios de transporte de viajeros y de sus equipajes por vía aérea a que se refiere el apartado 7.b) de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.

 

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¿Cómo es la forma de envío electrónico a la AEAT?

 

Por vía telemática, mediante Servicios Web basados en el intercambio de mensajes XML, que permitirán un suministro de información prácticamente en tiempo real o bien mediante el “formulario web” para aquellos sujetos pasivos que realizan muy pocas operaciones o cuando se quieran remitir los registros de facturas concretas de forma aislada.

 

Si los sujetos pasivos de IVA comienzan el 1 de julio de 2017 a utilizar el SII, ¿deben presentar los modelos 347, 340 y 390?

 

Únicamente deberán presentar el modelo 340, para gestionar las devoluciones del IVA solicitadas, correspondientes a los meses de enero a junio de 2017.

Los modelos 347 y 390 no deberán presentarse.

 

A partir del 1 de julio, ¿qué registro de facturación son los primeros que se tienen que enviar en el plazo de 8 días naturales?

 

Serán los que componen los Libros registro del mes de julio, correspondientes a:

 

  • Las facturas emitidas a partir del 1 de julio que documenten operaciones devengadas en el periodo de liquidación de julio en el caso del Libro registro de facturas emitidas. Las facturas emitidas durante el mes de junio que documenten operaciones devengadas en julio (facturas con IVA pendiente de devengo – claves 14 y 15) deberán suministrarse hasta el 15 de agosto, teniendo en cuenta la fecha límite de registro en lugar del plazo general de los ocho días.

 

  • Las facturas registradas contablemente a partir del 1 de julio cuya deducción proceda en el periodo de liquidación de julio en el caso del Libro registro de facturas recibidas.

 

  • Los bienes cuyo transporte o recepción se produce a partir del 1 de julio en el caso del Libro de determinadas operaciones intracomunitarias

 

Un empresario o profesional no establecido en territorio de aplicación del impuesto (TAI) ¿está obligado a utilizar el SII?

 

Si tienen la condición de sujeto pasivo con un período de liquidación mensual, sí estará obligado a llevar los libros registro de IVA, y desde el 1 de julio de 2017, deberá llevarlo a través de la sede electrónica de la AEAT.

Quedarán exceptuados aquellos no exceptuados cuyas únicas operaciones realizadas en el TAI sean adquisiciones intracomunitarias exentas y no presenten modelos 303, obteniendo, en su caso, la devolución de las cuotas soportadas en el TAI.

 

Según Hacienda, ¿qué ventajas tiene este nuevo sistema respecto del actual?

 

  • Reducción de las obligaciones formales, suprimiendo la obligación de presentación de los modelos 347, 340 y 390.
  • Obtención de “Datos Fiscales” ya que en la Sede electrónica dispondrá de un Libro Registro “declarado” y “contrastado” con la información de contraste procedente de terceros que pertenezcan al colectivo de este sistema.
  • Ampliación en 10 días del plazo de presentación de las autoliquidaciones periódicas.
  • Reducción de los plazos de realización de las devoluciones, al disponer la AEAT de la información en tiempo casi real.
  • Reducción de los plazos de comprobación.
  • Disminución de los requerimientos de información.

 

Fuente: Agencia Tributaria

Tras las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional declarando inconstitucionales determinados preceptos de las Normas Forales de Gipuzkoa y Álava reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos Naturaleza Urbana, cuando someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor, se pone “en tela de juicio” la regulación de este impuesto contenida en la Ley de Haciendas Locales de ámbito estatal, la cual, es prácticamente idéntica a la contenida en las citadas normas forales.

 

Actualizado El 17 de mayo de 2017, se ha dado a conocer otra sentencia del Tribunal Constitucional (dictada el 11/05/2017, y publicada en el BOE el 15/06/2017, desplegando sus efectos desde el mismo día de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la LOTC) declarando la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales, pero “solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor”.

 

El TC acaba recomendado al legislador que, a partir de la publicación de esta sentencia, lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto.

 

Actualizado Con fecha 13 de junio de 2017, se han conocido las primeras sentencias que aplican la sentencia del TC del 11 de mayo de 2017, por la que se declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales.

 

El Juzgado de lo Contencioso de Cartagena ha condenado al Ayuntamiento de dicha ciudad a devolver las cantidades cobradas en concepto de plusvalía, recogiendo que quien debe probar que no hubo el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana entre la adquisición y la transmisión, no es el contribuyente sino que debe ser el Ayuntamiento el que prueba la existencia de ese incremento de valor. ( pueden consultar más información sobre estas sentencias al final del documento)

 

 

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Actualizado ¿Que ha dicho el Tribunal Constitucional en el “caso vasco” y en la nueva sentencia dictada el 11 de mayo de 2017 para el territorio común ?

 

En primer lugar, el Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia nº 26/2017 de 16 de febrero de 2017, anuló parcialmente diversos preceptos de la Norma Foral 16/1989 , de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos Naturaleza Urbana para Gipuzkoa, declarando la nulidad de los mismos cuando sometieran a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que se denomina, minusvalía.

 

De esta manera, el tributo local (plusvalía municipal) quedaba anulado parcialmente, y se vetaba la posibilidad de que se aplicara cuando existieran pérdidas.

 

Tras esta sentencia, el TC se pronunció de la misma manera en la sentencia nº 37/2017 de 1 de marzo de 2017, para el caso de la plusvalía municipal de Álava, anulando parcialmente determinados preceptos de la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, en las situaciones de minusvalía.

 

Ambas sentencias se centran en el análisis del principio de capacidad económica  regulado en el artículo 31 de la Constitución.

 

El TC concluye que:

 

“ (…) debe dejarse bien sentado que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual.

Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. “

 

Y finaliza dejando un recado al legislador, para que proceda a la modificación de la regulación actual de este impuesto:

 

“ (…) la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que sólo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.”

 

En la nueva sentencia emitida por el Tribunal Constitucional del fecha 11 de mayo de 2017, dada a conocer el 17 de ese mismo mes (publicada en el BOE del 15/06/2017, despegando sus efectos desde este mismo día), el TC procede a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; considerando  que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”.

 

Por lo tanto, se declara la inconstitucionalidad únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

 

En la sentencia se reitera la doctrina establecidas en las sentencias comentadas con anterioridad para Gipuzkoa y Álava.

 

El TC expone que:

 

"El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. Deben declararse inconstitucionales y nulos, en consecuencia, los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica.  (...) aunque el órgano judicial se ha limitado a poner en duda la constitucionalidad del art. 107 LHL, debemos extender nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad, por conexión (art. 39.1 LOTC) con los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, al art. 110.4 LHL".

 

 

"la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana".

 

 

¿En que afectaban las dos sentencias del TC para Gipuzkoa y Álava a la regulación estatal de la plusvalía municipal?

 

Los artículos declarados inconstitucionales y anulados parcialmente en las normas de Gipuzkoa y Álava, son prácticamente idénticos a los correspondientes a la Ley de Haciendas Locales, regulada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 

Los artículos anulados parcialmente para Gipuzkoa y Álava son:

 

Artículos 4 y 7 de la  Norma Foral 16/1989 , de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos Naturaleza Urbana para Gipuzkoa.

Artículos 4 y 7 de la  Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos Naturaleza Urbana para Álava.

 

Mientras que los artículos de la Ley de Haciendas Locales, son:

 

Artículo 107 . Base imponible

Artículo 110. Gestión tributaria del Impuesto.

 

Es cierto que la sentencias del TC para Gipuzkoa y Álava, inadmitieron  las cuestiones de inconstitucionalidad promovidas respecto a estos dos artículos, por considerar que no eran aplicables a la cuestión controvertida, pero como se ha hecho mención anteriormente, invita al legislador a modificar la regulación estatal actual para el impuesto de la plusvalía.

 

Nuevo Tras estas sentencias, hemos conocido ya la postura del TC respecto a la regulación de la plusvalía municipal de aplicación en el territorio común, a la que hemos hecho referencia en el apartado anterior.

 

¿Como han actuado Gipuzkoa y Álava tras las sentencias del Constitucional?

 

Ambos territorios han procedido a modificar la regulación del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana a través de dos normas:

 

Gipuzkoa: DF-Norma 2/2017 de 28 de Mar Prov. Gipuzkoa (Modificación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana)

 

Álava: Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 28 de marzo, relacionado con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

 

Estas normas modificadoras vienen a establecer:

1º Para que nazca la obligación de tributar por el IIVTNU, será necesaria la existencia de un incremento de valor de los terrenos.

 

2ºEl cálculo del valor, se determinará por comparación del valor de adquisición de la propiedad o, en su caso, de la constitución o adquisición del derecho real de goce limitativo del dominio, y del valor de transmisión o, en su caso, de la constitución o transmisión del derecho real de goce limitativo del dominio.

 

3º Las fechas para la determinación de valor serán la correspondientes a la adquisición del terreno o, en su caso, a la constitución o adquisición del derecho real de goce limitativo del dominio, y a la fecha de su transmisión o, en su caso, de la constitución o transmisión del derecho real de goce limitativo del dominio.

 

Por último, establecen un régimen transitorio para liquidaciones firmes anteriores a las fechas de las sentencias del TC.

 

¿Cómo se calcula la plusvalía en la actualidad?

 

A la vista de lo estipulado en el artículo 107 de la Ley de Haciendas Locales, del cálculo del impuesto resulta el incremento de valor que el terreno tendrá en los años siguientes a la transmisión, y no el aumento de valor que ha tenido desde que fue adquirido hasta que haya sido transmitido.

 

Es decir, el impuesto se calcula teniendo en cuenta el valor catastral del terreno (el que consta en el recibo del IBI), el coeficiente aprobado por el ayuntamiento correspondiente y el número de años que hayan pasado desde la fecha de compra, hasta un máximo de 20 años.

 

A la base imponible así calculada, se le aplicará el tipo de gravamen estipulado por el ayuntamiento en cuestión.

 

Esta fórmula conlleva que, aunque haya habido pérdidas en la transmisión, en la gran mayoría de casos se deberá pagar este impuesto al ayuntamiento, y es esta cuestión la que se ha planteado ante el Constitucional (que tiene pendientes cuestiones de inconstitucionalidad por resolver) y la que debe ser modificada por el legislador estatal.

 

El TC expone en las sentencias citadas, respecto a la forma de cálculo, que:

“ (…) el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana es un tributo que, según su configuración normativa, grava el “incremento de valor” que experimenten los terrenos, “puesto de manifiesto en el momento del devengo”, esto es, en el momento de la trasmisión de la propiedad del terreno y que se ha “experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años”.

 

Aunque de acuerdo con la regulación del tributo su objeto es el “incremento de valor” que pudieran haber experimentado los terrenos durante un intervalo temporal dado, que se cuantifica y somete a tributación a partir del instante de su transmisión, sin embargo, el gravamen no se anuda necesariamente a la existencia de ese “incremento” sino a la mera titularidad del terreno durante un período de tiempo computable que oscila entre uno (mínimo) y veinte años (máximo).

 

Basta, entonces, con que se sea titular de un terreno de naturaleza urbana para que el legislador anude a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación que cuantifica de forma automática, mediante la aplicación al valor que tengan a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no sólo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento.

 

Según esto, no estamos, pues, ante un impuesto que someta a tributación una transmisión patrimonial, pues el objeto del tributo no se anuda al hecho de la transmisión, aunque se aproveche esta para provocar el nacimiento de la obligación tributaria; tampoco estamos ante un impuesto que grave el patrimonio, pues su objeto no es la mera titularidad de los terrenos, sino el aumento de valor (la renta) que han experimentado con el paso del tiempo; estamos, entonces, ante un impuesto que somete a tributación, en principio, la renta potencial que deriva de la titularidad de un terreno de naturaleza urbana puesta de manifiesto con ocasión de su transmisión....”

 

SUPUESTO PRÁCTICO DE CÁLCULO “PLUSVALÍA”

 

El SUJETO 1 compra en A Coruña una vivienda a la promotora el día 20/07/2000, por el precio de 110.000€.

 

En el año 2016 decide poner a la venta su vivienda; encontrando un comprador, el SUJETO 2. La compraventa se formaliza en escritura pública el día 12/09/2016, por el precio de 100.000€.

En el recibo del IBI del ejercicio 2016 figura un Valor catastral del SUELO de 30.000€

 

CÁLCULO DE LA PLUSVALÍA:

 

Datos: Valor del suelo (IBI): 30.000€

Años completos transcurridos: 16

 

 

% sobre el valor del terreno A Coruña 2016 *

De 1 hasta 5 años

3,40%

Hasta 10 años

3%

Hasta 15 años

2,5%

Hasta 20 años

2,3%

 

 

Tipo de gravamen A Coruña 2016 *

De 1 hasta 5 años

17,33%

Hasta 10 años

17,33%

Hasta 15 años

17,33%

Hasta 20 años

17,33%

 

Cálculo:

Incremento de valor: 2,30% x 16 = 36,8%

Base Imponible: 30.000€ x 36,8% = 11.040€

Tipo impositivo: 17,33%

 

Cuota a pagar: 11.040 x 17,33% = 1913,23€

 

* Normativa: Ordenanza Fiscal nº 53-2016-Reguladora del impuesto municipal sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

 

→ CONCLUSIÓN: El valor de compra y el valor de venta de la vivienda NO se tienen en cuenta en el cálculo del impuesto municipal; por lo que este impuesto tiene efectos aunque el valor de venta sea inferior al del compra (venta a pérdida).

 

Cuantos más años transcurran desde la compra del inmueble hasta su transmisión, más alta será la cuota a pagar. →No obstante, a partir de los 20 años, el impuesto no aumenta más.

 

→ ¿QUIÉN tiene que pagar el Impuesto?: La obligación principal recae en la parte vendedora, esto es, en el Sujeto 1.

 

→ PLAZO: 30 días hábiles desde la fecha de transmisión (transmisión inter vivos)

 

→ Los ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general.

 

→ Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95%.

 

Nuevo Comparación del cálculo de la plusvalía tras las sentencias del Tribunal Constitucional para Gipuzkoa y Álava :

 

Comparación resultado del cálculo de la Cuota del Impuesto

Antes sentencia TC

Después sentencia TC (1)

1913,23€

0€

 

(1) Teniendo en cuenta que después de la reforma del régimen legal no se sometan a tributación los supuestos de situaciones inexpresivas de capacidad económica. (Tras la sentencia del TC de 11/05/2017 para el ámbito estatal, se espera que el cálculo sea similar cuando el legislador modifique o adapte la regulación del impuesto, como ya han hecho esos territorios.)

 

 

ESQUEMA LIQUIDACIÓN PLUSVALÍA

 

Plusvalía (1).png

 

¿Como recurrir el impuesto de plusvalía municipal si ya se ha pagado?

 

Si el contribuyente hubiera presentado ya una autoliquidación del impuesto, se deberá presentar ante el Ayuntamiento correspondiente un escrito de rectificación de autoliquidación con devolución de ingresos indebidos, conforme al artículo 221 de la Ley General Tributaria, antes de los 4 años desde que finalizó el plazo para presentar la autoliquidación.

 

Actualizado Escrito de reclamación de devolución de plusvalía municipal | Iberley (actualizado a la nueva sentencia TC de 11/05/2017)

 

Escrito de rectificación de autoliquidación con devolución de ingresos indebidos | Iberley

 

De esta manera queda abierta la vía administrativa, y en caso de que el Ayuntamiento desestime la solicitud de rectificación, podrá interponerse un recurso de reposición y/o una reclamación económico-administrativa.

 

En caso de ayuntamientos de régimen común, se deberá interponer un recurso de reposición (Art. 14.2 Ley de Haciendas Locales; Art. 123 Ley 39/2015, de 1 de octubre)  previo a la vía contenciosa-administrativa.

 

Nuevo Recurso de reposición contra liquidación por plusvalía municipal (IIVTNU) | Iberley  (actualizado a la nueva sentencia TC de 11/05/2017)

 

 

En el caso de ayuntamientos de gran población (Art. 137 Ley de Bases Régimen Local) que cuentan con un órgano para la resolución de reclamaciones económico administrativas, podrá interponerse ante el Tribunal Económico Administrativo Municipal la reclamación económica administrativa (Art. 226 y ss LGT), sin obligación de interponer un recurso de reposición, y en caso de que esa reclamación fuera desestimada, acudir ya a la vía contenciosa.

 

Nuevo Formulario de reclamación económico-administrativa de devolución de plusvalía municipal | Iberley (actualizado a la nueva sentencia TC de 11/05/2017)

 

Si se acude a la vía judicial, se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses.

(Consultar: La interposición del recurso Contencioso-Administrativo | Iberley  )

 

Nuevo Formulario de demanda de recurso contencioso-administrativo de devolución de plusvalía municipal tras desestimación expr…

Nuevo Formulario de demanda de recurso contencioso-administrativo de devolución de plusvalía municipal tras desestimación expr…

Nuevo Formulario de demanda de recurso contencioso-administrativo reclamando la devolución de plusvalía tras desestimación rec…

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Nuevo Escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo para reclamar la devolución de la plusvalía municipal tra…

¿Cual es la postura del legislador estatal respecto a la modificación de la plusvalía?

 

Desde el Ministerio de Hacienda se informa de las reuniones mantenidas con Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de reformar este impuesto tras las sentencias del Tribunal Constitucional para Gipuzkoa y Álava.

 

Hacienda ha pedido opinión por escrito a la FEMP, sobre el cambio normativo en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana

 

Tras conocer la sentencia del TC para el territorio común, llega la hora de que el Gobierno proceda a modificar o adaptar la regulación del impuesto en la Ley de Haciendas Locales.

 

Desde el ejecutivo se trabaja en contacto directo con los municipios, ya que el tributo es competencia de los Ayuntamientos, orientada en el cambio de la forma de calcular el impuesto sin entrar en la modificación de los tipos a aplicar, ya que son los Ayuntamientos quienes lo fijan, ni suprimiendo el mismo ya que aporta cerca de unos 2.000 millones de euros a los municipios.

 

Nuevo ¿Se han dictado sentencias que apliquen lo establecido en la sentencia del TC del 11 de mayo de 2017?

 

Sí. El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Cartagena ha dictado dos sentencias de fecha 30 de mayo y 1 de junio de 2017, condenando al Ayuntamiento de dicha ciudad a devolver 5.143 euros y 2.580,81 euros que cobro de plusvalía, o impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, en la venta de un terreno por parte de una persona física y una sociedad limitada, respectivamente.

 

Por primera vez en la Región de Murcia, se recoge la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas (LRHL), declarada por el Tribunal Constitucional en Sentencia de 11 de mayo de 2017.

 

En ambas sentencias se establece que será el Ayuntamiento quien deba probar que existió ese incremento de valor, y no el contribuyente el que deba probar la no existencia.

 

"La inconstitucionalidad del artículo 107.2.a) del TRLRHL siempre que no exista hecho imponible conlleva una modificación sustancial a lo que defendía este juzgador hasta la Sentencia de 11 de mayo de 2017 ; esto es, ante la inexistencia de norma alguna sobre como valorar si existe o no hecho imponible en el TRLRHL y ante la inconstitucionalidad de éste precepto en tanto que presumía su existencia en todo caso, no es ya que el contribuyente tenga que probar que no hubo el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana entre la adquisición y la transmisión sino que es la Administración que recauda la que debe probar su concurrencia."

“Es un hecho notorio que el suelo puede incrementar o disminuir su valor con el paso del tiempo en función de múltiples variables; en esta tesitura se dictaron múltiples sentencias en que se abría la posibilidad al contribuyente para que pudiera probar la inexistencia de incremento del valor del suelo a través de una prueba pericial”.

 

Tras declarar la inconstitucionalidad del artículo 107.1 y 107.2.a LRHL, en la que se parecía dar por supuesto (y así lo defendían los Ayuntamientos y la Dirección General de Tributos) que con toda transmisión de terrenos de naturaleza urbana existiría siempre un incremento de valor del mismo respecto al momento previo de su adquisición, “se cierra el paso a cualquier tipo de presunción sobre la existencia de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana”.

 

“En esta tesitura, en relación a las liquidaciones llevadas a cabo por los Ayuntamientos sobre plusvalías será necesario que estos acrediten la existencia de ese incremento de valor si les es discutido por el contribuyente (a través de una prueba pericial pública o privada), mientras que en las autoliquidaciones deberán permitir el recurso, y en caso de que se alegue la inexistencia de incremento del valor deberá ser estimado, salvo que a través de la antedicha pericial municipal se acredite que si existe ese incremento”

 

 

 

Consulten más información (normativa, sentencias destacadas, formularios) en nuestro Especial Plusvalía Municipal.

Ya han pasado meses desde la confusión creada con el endurecimiento del aplazamiento del Impuesto sobre el Valor Añadido, tras la modificación realizada en diciembre del año pasado por el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se eliminaba desde el 1 de enero de este año, la posibilidad de aplazar deudas derivadas de tributos legalmente repercutidos, salvo que se justificara que las cuotas repercutidas no habían sido efectivamente cobradas.

 

A partir de la publicación de esta norma, comenzó el revuelo por parte de autónomos y PYMES quienes se venían beneficiando de la posibilidad de aplazamiento de este impuesto con el límite de 30.000 euros.

 

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Tras un mes de enero de 2017 repleto de noticias confusas acerca de sí podrían o no seguir beneficiándose, los autónomos y PYMES, del aplazamiento del IVA en todo caso y no solo en el supuesto de que justificaran que las cuotas repercutidas no hubieran sido cobradas previamente, la Agencia Tributaria hizo pública una instrucción de fecha 18 de enero, “aclarando” la situación de incertidumbre creada.

 

 

La AEAT venía a confirmar que las deudas tributarias por IVA no podrían ser objeto de aplazamiento ni fraccionamiento, salvo que se justificara que las cuotas repercutidas no habían sido cobradas, pero que, si esa deuda era inferior a 30.000 euros, Hacienda haría "la vista gorda", PRESUMIENDO que se cumplía el requisito de la ausencia de cobro, ya que se gestionarían a través de un procedimiento automatizado.

 

Si bien es cierto, no estaría de más, en caso de que sea requerido por Hacienda en el futuro, poder acreditar la falta de cobro de las cuotas repercutidas.

 

 

Pero, para evitar más confusiones sobre el tema, vamos recopilar la información emitida cronológicamente, para entender cómo se solucionó el lío montado.

 

3 de Diciembre de 2016

 

Publicación del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.

 

Esta norma introducía la siguiente modificación en el apartado 2 del artículo 65 de la Ley General Tributaria, con efectos desde el 01/01/2017:

 

«2. No podrán ser objeto de aplazamiento o fraccionamiento las siguientes deudas tributarias:

 

f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas. »

Desde Iberley publicábamos la siguiente noticia: Paquete de medidas tributarias aprobadas por el Consejo de Ministros | Iberley

 

 

14 de Diciembre de 2016

 

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) comenzó negociaciones con Hacienda para que se permitiera que los autónomos y PYMES pudieran aplazar el pago del IVA en todo caso.

 

Noticia Iberley: Negociaciones con Hacienda para que permita a los autónomos el aplazamiento del ingreso del IVA | Iberley

 

13 de Enero de 2017

 

La Agencia Tributaria publicaba en su web una nota bajo el título “Los aplazamientos a los autónomos tras el Real Decreto-ley 3/2016” la cual aclarar, aclaraba poco y generó aún más confusión.

 

En la misma se decía, con carácter general, lo siguiente:

 

“Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deudas excluidas en el Real Decreto-ley 3/2016,  se inadmitirán, mientras que el resto de solicitudes se tramitarán en función de su importe, de acuerdo con el procedimiento establecido, que no ha sido modificado por el Real Decreto-ley.

 

Así, las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento que se refieran a deudas por importe global igual o inferior a 30.000 euros no necesitarán aportar garantías, y se tramitarán mediante un proceso automatizado. Las solicitudes por un importe global superior deberán aportar las garantías adecuadas y se tramitarán mediante un proceso ordinario no automatizado."

 

Sin embargo, hacía mención especial a los autónomos estableciendo:

 

“Si las solicitudes se refieren a una deuda cuyo importe global es igual o inferior a 30.000 euros, se podrán conceder los aplazamientos, sin garantías, hasta un máximo de 12 plazos mensuales, salvo que el obligado hubiera solicitado un número de plazos inferior, en cuyo caso, se concederán los plazos solicitados. La periodicidad de los pagos será, en todo caso, mensual. Se tramitan mediante un mecanismo automatizado de resolución.”

 

Esta Nota no aportaba demasiada luz al asunto, al hacer una distinción respecto a los autónomos y no hacer mención alguna a las PYMES (las cuales se encontraban más confusas),  y al establecer un mecanismo automatizado de resolución, sin explicar en qué consistiría y de la que se desprendía (respecto de los autónomos) la PRESUNCIÓN de que, para las deudas iguales o inferiores a 30.000 euros, no sería necesario acreditar que las cuotas del IVA repercutidas no habían sido pagadas.

 

Noticia Iberley: Aclaraciones en el aplazamiento del IVA y otras deudas tributarias | Iberley

 

17 de Enero de 2017

 

La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), a través de una Nota de Prensa, dudaba de la legalidad de las medidas contenidas en la Nota de Hacienda del 13 de enero, expresando lo siguiente:

 

Comienza indicando que el Real Decreto-ley 3/2016 “eliminó la posibilidad de conceder aplazamientos o fraccionamientos de tributos como el IVA, salvo que se justifique que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas”, tal y como taxativamente predica el artículo 65.2.f) Ley General Tributaria en la redacción dada por ese Real Decreto-ley, hoy ya convalidado parlamentariamente.

 

Sin embargo, en su apartado “Incidencia de la medida para los autónomos”, la exigencia de esa prueba del impago de las cuotas repercutidas sólo se exige a aquellas solicitudes de aplazamientos superiores a 30.000€, y no para las inferiores a este importe.

Desde AEDAF entendían que, un “comunicado” no era el instrumento normativo válido, y que la nota de Hacienda vulneraba lo dispuesto en el artículo 65.2 f) de la Ley General Tributaria.

 

Noticia Iberley: Los Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) duda de la legalidad la nota publicada por la AEAT relativa a los a…

 

19 de Enero de 2017

 

La Agencia Tributaria emitía ya una Instrucción interna (1/2017, de 18 de enero) sobre gestión de aplazamientos y fraccionamientos de pago, a través de la cual se determinaban los criterios a aplicar por los órganos de recaudación respecto de la acreditación de la situación transitoria de dificultades de tesorería y del ingreso de impuestos repercutidos, en aplicación del artículo 65 de la Ley General Tributaria.

 

En la misma, ya se hacían mención tanto a los autónomos como a las PYMES.

 

De la instrucción se podía extraer como puntos más importantes:

 

  • Deudas inferiores a 30.000 euros

 

Se permitiría el aplazamiento  o fraccionamiento, mediante actuaciones administrativas automatizadas, sin realizar requerimientos para que se acredite la transitoriedad de las dificultades de tesorería ni la falta de ingreso de los impuestos repercutidos, presumiéndose acreditadas ambas circunstancias con la formulación de la solicitud.

 

Y se establecían los siguientes de plazo para el pago de deudas inferiores a 30.000 euros

 

a) Deudas correspondientes a personas jurídicas y entidades del artículo 35.4 de la LGT: 6 plazos mensuales.

b) Deudas correspondientes a personas físicas: 12 plazos mensuales.

 

  • Deudas superiores a 30.000 euros

 

Se permitiría el aplazamiento  o fraccionamiento, pero sería tramitado por un procedimiento no automatizado, debiendo aportar la documentación correspondiente.

 

Era destacar lo contenido en el apartado correspondiente a la inadmisión de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de pago de tributos repercutidos, en el que se establecía:

 

“Dada la inaplazabilidad de las deudas por tributos repercutidos y cobrados, en estos casos, cuando proceda la CONCESIÓN DEL APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO DE PAGO , se incluirá en el acuerdo de concesión una cláusula en la que se especifique que, si durante la vigencia del acuerdo, se produjese el cobro efectivo del tributo repercutido, dichas cantidades, las efectivamente cobradas, deberán íntegramente ingresarse a favor de la Hacienda Pública en pago de la deuda pendiente hasta la completa satisfacción de ésta, aún cuando ello suponga un vencimiento anticipado de las deudas aplazadas o fraccionadas.”

 

Pueden consultar un análisis de la Instrucción 1/2017, de 18 de enero, de la Directora del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre gestión de aplazamientos y fraccionamientos de pago, AQUÍ.

 

Cabe recordar, para finalizar, que esta instrucción sería avalada por el Ministro de Hacienda en días posteriores, en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, otorgando el beneficio de la duda acerca de la presunción de falta de pago,  afirmando que "se trata de una presunción legítima que forma parte del ordenamiento jurídico y ha recordado que el importe de estos aplazamientos ya se elevó de 18.000 a 30.000 euros."