Tras las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional declarando inconstitucionales determinados preceptos de las Normas Forales de Gipuzkoa y Álava reguladoras del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos Naturaleza Urbana, cuando someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor, se pone “en tela de juicio” la regulación de este impuesto contenida en la Ley de Haciendas Locales de ámbito estatal, la cual, es prácticamente idéntica a la contenida en las citadas normas forales.

 

Actualizado El 17 de mayo de 2017, se ha dado a conocer otra sentencia del Tribunal Constitucional (dictada el 11/05/2017, y publicada en el BOE el 15/06/2017, desplegando sus efectos desde el mismo día de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la LOTC) declarando la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales, pero “solo en la medida en que no han previsto excluir del tributo las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor”.

 

El TC acaba recomendado al legislador que, a partir de la publicación de esta sentencia, lleve a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto.

 

Actualizado Con fecha 13 de junio de 2017, se han conocido las primeras sentencias que aplican la sentencia del TC del 11 de mayo de 2017, por la que se declaró la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales.

 

El Juzgado de lo Contencioso de Cartagena ha condenado al Ayuntamiento de dicha ciudad a devolver las cantidades cobradas en concepto de plusvalía, recogiendo que quien debe probar que no hubo el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana entre la adquisición y la transmisión, no es el contribuyente sino que debe ser el Ayuntamiento el que prueba la existencia de ese incremento de valor. ( pueden consultar más información sobre estas sentencias al final del documento)

 

 

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Actualizado ¿Que ha dicho el Tribunal Constitucional en el “caso vasco” y en la nueva sentencia dictada el 11 de mayo de 2017 para el territorio común ?

 

En primer lugar, el Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia nº 26/2017 de 16 de febrero de 2017, anuló parcialmente diversos preceptos de la Norma Foral 16/1989 , de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos Naturaleza Urbana para Gipuzkoa, declarando la nulidad de los mismos cuando sometieran a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que se denomina, minusvalía.

 

De esta manera, el tributo local (plusvalía municipal) quedaba anulado parcialmente, y se vetaba la posibilidad de que se aplicara cuando existieran pérdidas.

 

Tras esta sentencia, el TC se pronunció de la misma manera en la sentencia nº 37/2017 de 1 de marzo de 2017, para el caso de la plusvalía municipal de Álava, anulando parcialmente determinados preceptos de la Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, en las situaciones de minusvalía.

 

Ambas sentencias se centran en el análisis del principio de capacidad económica  regulado en el artículo 31 de la Constitución.

 

El TC concluye que:

 

“ (…) debe dejarse bien sentado que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual.

Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. “

 

Y finaliza dejando un recado al legislador, para que proceda a la modificación de la regulación actual de este impuesto:

 

“ (…) la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que sólo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana.”

 

En la nueva sentencia emitida por el Tribunal Constitucional del fecha 11 de mayo de 2017, dada a conocer el 17 de ese mismo mes (publicada en el BOE del 15/06/2017, despegando sus efectos desde este mismo día), el TC procede a declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; considerando  que el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana vulnera el principio constitucional de capacidad económica en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”.

 

Por lo tanto, se declara la inconstitucionalidad únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

 

En la sentencia se reitera la doctrina establecidas en las sentencias comentadas con anterioridad para Gipuzkoa y Álava.

 

El TC expone que:

 

"El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. Deben declararse inconstitucionales y nulos, en consecuencia, los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica.  (...) aunque el órgano judicial se ha limitado a poner en duda la constitucionalidad del art. 107 LHL, debemos extender nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad, por conexión (art. 39.1 LOTC) con los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, al art. 110.4 LHL".

 

 

"la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana".

 

 

¿En que afectaban las dos sentencias del TC para Gipuzkoa y Álava a la regulación estatal de la plusvalía municipal?

 

Los artículos declarados inconstitucionales y anulados parcialmente en las normas de Gipuzkoa y Álava, son prácticamente idénticos a los correspondientes a la Ley de Haciendas Locales, regulada por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

 

Los artículos anulados parcialmente para Gipuzkoa y Álava son:

 

Artículos 4 y 7 de la  Norma Foral 16/1989 , de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos Naturaleza Urbana para Gipuzkoa.

Artículos 4 y 7 de la  Norma Foral 46/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos Naturaleza Urbana para Álava.

 

Mientras que los artículos de la Ley de Haciendas Locales, son:

 

Artículo 107 . Base imponible

Artículo 110. Gestión tributaria del Impuesto.

 

Es cierto que la sentencias del TC para Gipuzkoa y Álava, inadmitieron  las cuestiones de inconstitucionalidad promovidas respecto a estos dos artículos, por considerar que no eran aplicables a la cuestión controvertida, pero como se ha hecho mención anteriormente, invita al legislador a modificar la regulación estatal actual para el impuesto de la plusvalía.

 

Nuevo Tras estas sentencias, hemos conocido ya la postura del TC respecto a la regulación de la plusvalía municipal de aplicación en el territorio común, a la que hemos hecho referencia en el apartado anterior.

 

¿Como han actuado Gipuzkoa y Álava tras las sentencias del Constitucional?

 

Ambos territorios han procedido a modificar la regulación del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana a través de dos normas:

 

Gipuzkoa: DF-Norma 2/2017 de 28 de Mar Prov. Gipuzkoa (Modificación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana)

 

Álava: Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2017, del Consejo de Gobierno Foral de 28 de marzo, relacionado con el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

 

Estas normas modificadoras vienen a establecer:

1º Para que nazca la obligación de tributar por el IIVTNU, será necesaria la existencia de un incremento de valor de los terrenos.

 

2ºEl cálculo del valor, se determinará por comparación del valor de adquisición de la propiedad o, en su caso, de la constitución o adquisición del derecho real de goce limitativo del dominio, y del valor de transmisión o, en su caso, de la constitución o transmisión del derecho real de goce limitativo del dominio.

 

3º Las fechas para la determinación de valor serán la correspondientes a la adquisición del terreno o, en su caso, a la constitución o adquisición del derecho real de goce limitativo del dominio, y a la fecha de su transmisión o, en su caso, de la constitución o transmisión del derecho real de goce limitativo del dominio.

 

Por último, establecen un régimen transitorio para liquidaciones firmes anteriores a las fechas de las sentencias del TC.

 

¿Cómo se calcula la plusvalía en la actualidad?

 

A la vista de lo estipulado en el artículo 107 de la Ley de Haciendas Locales, del cálculo del impuesto resulta el incremento de valor que el terreno tendrá en los años siguientes a la transmisión, y no el aumento de valor que ha tenido desde que fue adquirido hasta que haya sido transmitido.

 

Es decir, el impuesto se calcula teniendo en cuenta el valor catastral del terreno (el que consta en el recibo del IBI), el coeficiente aprobado por el ayuntamiento correspondiente y el número de años que hayan pasado desde la fecha de compra, hasta un máximo de 20 años.

 

A la base imponible así calculada, se le aplicará el tipo de gravamen estipulado por el ayuntamiento en cuestión.

 

Esta fórmula conlleva que, aunque haya habido pérdidas en la transmisión, en la gran mayoría de casos se deberá pagar este impuesto al ayuntamiento, y es esta cuestión la que se ha planteado ante el Constitucional (que tiene pendientes cuestiones de inconstitucionalidad por resolver) y la que debe ser modificada por el legislador estatal.

 

El TC expone en las sentencias citadas, respecto a la forma de cálculo, que:

“ (…) el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana es un tributo que, según su configuración normativa, grava el “incremento de valor” que experimenten los terrenos, “puesto de manifiesto en el momento del devengo”, esto es, en el momento de la trasmisión de la propiedad del terreno y que se ha “experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años”.

 

Aunque de acuerdo con la regulación del tributo su objeto es el “incremento de valor” que pudieran haber experimentado los terrenos durante un intervalo temporal dado, que se cuantifica y somete a tributación a partir del instante de su transmisión, sin embargo, el gravamen no se anuda necesariamente a la existencia de ese “incremento” sino a la mera titularidad del terreno durante un período de tiempo computable que oscila entre uno (mínimo) y veinte años (máximo).

 

Basta, entonces, con que se sea titular de un terreno de naturaleza urbana para que el legislador anude a esta circunstancia, como consecuencia inseparable e irrefutable, un incremento de valor sometido a tributación que cuantifica de forma automática, mediante la aplicación al valor que tengan a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles al momento de la transmisión de un porcentaje fijo por cada año de tenencia, con independencia no sólo del quantum real del mismo, sino de la propia existencia de ese incremento.

 

Según esto, no estamos, pues, ante un impuesto que someta a tributación una transmisión patrimonial, pues el objeto del tributo no se anuda al hecho de la transmisión, aunque se aproveche esta para provocar el nacimiento de la obligación tributaria; tampoco estamos ante un impuesto que grave el patrimonio, pues su objeto no es la mera titularidad de los terrenos, sino el aumento de valor (la renta) que han experimentado con el paso del tiempo; estamos, entonces, ante un impuesto que somete a tributación, en principio, la renta potencial que deriva de la titularidad de un terreno de naturaleza urbana puesta de manifiesto con ocasión de su transmisión....”

 

SUPUESTO PRÁCTICO DE CÁLCULO “PLUSVALÍA”

 

El SUJETO 1 compra en A Coruña una vivienda a la promotora el día 20/07/2000, por el precio de 110.000€.

 

En el año 2016 decide poner a la venta su vivienda; encontrando un comprador, el SUJETO 2. La compraventa se formaliza en escritura pública el día 12/09/2016, por el precio de 100.000€.

En el recibo del IBI del ejercicio 2016 figura un Valor catastral del SUELO de 30.000€

 

CÁLCULO DE LA PLUSVALÍA:

 

Datos: Valor del suelo (IBI): 30.000€

Años completos transcurridos: 16

 

 

% sobre el valor del terreno A Coruña 2016 *

De 1 hasta 5 años

3,40%

Hasta 10 años

3%

Hasta 15 años

2,5%

Hasta 20 años

2,3%

 

 

Tipo de gravamen A Coruña 2016 *

De 1 hasta 5 años

17,33%

Hasta 10 años

17,33%

Hasta 15 años

17,33%

Hasta 20 años

17,33%

 

Cálculo:

Incremento de valor: 2,30% x 16 = 36,8%

Base Imponible: 30.000€ x 36,8% = 11.040€

Tipo impositivo: 17,33%

 

Cuota a pagar: 11.040 x 17,33% = 1913,23€

 

* Normativa: Ordenanza Fiscal nº 53-2016-Reguladora del impuesto municipal sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana

 

→ CONCLUSIÓN: El valor de compra y el valor de venta de la vivienda NO se tienen en cuenta en el cálculo del impuesto municipal; por lo que este impuesto tiene efectos aunque el valor de venta sea inferior al del compra (venta a pérdida).

 

Cuantos más años transcurran desde la compra del inmueble hasta su transmisión, más alta será la cuota a pagar. →No obstante, a partir de los 20 años, el impuesto no aumenta más.

 

→ ¿QUIÉN tiene que pagar el Impuesto?: La obligación principal recae en la parte vendedora, esto es, en el Sujeto 1.

 

→ PLAZO: 30 días hábiles desde la fecha de transmisión (transmisión inter vivos)

 

→ Los ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general.

 

→ Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95%.

 

Nuevo Comparación del cálculo de la plusvalía tras las sentencias del Tribunal Constitucional para Gipuzkoa y Álava :

 

Comparación resultado del cálculo de la Cuota del Impuesto

Antes sentencia TC

Después sentencia TC (1)

1913,23€

0€

 

(1) Teniendo en cuenta que después de la reforma del régimen legal no se sometan a tributación los supuestos de situaciones inexpresivas de capacidad económica. (Tras la sentencia del TC de 11/05/2017 para el ámbito estatal, se espera que el cálculo sea similar cuando el legislador modifique o adapte la regulación del impuesto, como ya han hecho esos territorios.)

 

 

ESQUEMA LIQUIDACIÓN PLUSVALÍA

 

Plusvalía (1).png

 

¿Como recurrir el impuesto de plusvalía municipal si ya se ha pagado?

 

Si el contribuyente hubiera presentado ya una autoliquidación del impuesto, se deberá presentar ante el Ayuntamiento correspondiente un escrito de rectificación de autoliquidación con devolución de ingresos indebidos, conforme al artículo 221 de la Ley General Tributaria, antes de los 4 años desde que finalizó el plazo para presentar la autoliquidación.

 

Actualizado Escrito de reclamación de devolución de plusvalía municipal | Iberley (actualizado a la nueva sentencia TC de 11/05/2017)

 

Escrito de rectificación de autoliquidación con devolución de ingresos indebidos | Iberley

 

De esta manera queda abierta la vía administrativa, y en caso de que el Ayuntamiento desestime la solicitud de rectificación, podrá interponerse un recurso de reposición y/o una reclamación económico-administrativa.

 

En caso de ayuntamientos de régimen común, se deberá interponer un recurso de reposición (Art. 14.2 Ley de Haciendas Locales; Art. 123 Ley 39/2015, de 1 de octubre)  previo a la vía contenciosa-administrativa.

 

Nuevo Recurso de reposición contra liquidación por plusvalía municipal (IIVTNU) | Iberley  (actualizado a la nueva sentencia TC de 11/05/2017)

 

 

En el caso de ayuntamientos de gran población (Art. 137 Ley de Bases Régimen Local) que cuentan con un órgano para la resolución de reclamaciones económico administrativas, podrá interponerse ante el Tribunal Económico Administrativo Municipal la reclamación económica administrativa (Art. 226 y ss LGT), sin obligación de interponer un recurso de reposición, y en caso de que esa reclamación fuera desestimada, acudir ya a la vía contenciosa.

 

Nuevo Formulario de reclamación económico-administrativa de devolución de plusvalía municipal | Iberley (actualizado a la nueva sentencia TC de 11/05/2017)

 

Si se acude a la vía judicial, se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 meses.

(Consultar: La interposición del recurso Contencioso-Administrativo | Iberley  )

 

Nuevo Formulario de demanda de recurso contencioso-administrativo de devolución de plusvalía municipal tras desestimación expr…

Nuevo Formulario de demanda de recurso contencioso-administrativo de devolución de plusvalía municipal tras desestimación expr…

Nuevo Formulario de demanda de recurso contencioso-administrativo reclamando la devolución de plusvalía tras desestimación rec…

Nuevo Formulario de demanda de recurso contencioso-administrativo de devolución de plusvalía municipal tras desestimación pres…

Nuevo Escrito de interposición de recurso contencioso-administrativo para reclamar la devolución de la plusvalía municipal tra…

¿Cual es la postura del legislador estatal respecto a la modificación de la plusvalía?

 

Desde el Ministerio de Hacienda se informa de las reuniones mantenidas con Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el objetivo de reformar este impuesto tras las sentencias del Tribunal Constitucional para Gipuzkoa y Álava.

 

Hacienda ha pedido opinión por escrito a la FEMP, sobre el cambio normativo en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana

 

Tras conocer la sentencia del TC para el territorio común, llega la hora de que el Gobierno proceda a modificar o adaptar la regulación del impuesto en la Ley de Haciendas Locales.

 

Desde el ejecutivo se trabaja en contacto directo con los municipios, ya que el tributo es competencia de los Ayuntamientos, orientada en el cambio de la forma de calcular el impuesto sin entrar en la modificación de los tipos a aplicar, ya que son los Ayuntamientos quienes lo fijan, ni suprimiendo el mismo ya que aporta cerca de unos 2.000 millones de euros a los municipios.

 

Nuevo ¿Se han dictado sentencias que apliquen lo establecido en la sentencia del TC del 11 de mayo de 2017?

 

Sí. El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Cartagena ha dictado dos sentencias de fecha 30 de mayo y 1 de junio de 2017, condenando al Ayuntamiento de dicha ciudad a devolver 5.143 euros y 2.580,81 euros que cobro de plusvalía, o impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, en la venta de un terreno por parte de una persona física y una sociedad limitada, respectivamente.

 

Por primera vez en la Región de Murcia, se recoge la inconstitucionalidad de los artículos 107.1, 107.2.a) y 110.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas (LRHL), declarada por el Tribunal Constitucional en Sentencia de 11 de mayo de 2017.

 

En ambas sentencias se establece que será el Ayuntamiento quien deba probar que existió ese incremento de valor, y no el contribuyente el que deba probar la no existencia.

 

"La inconstitucionalidad del artículo 107.2.a) del TRLRHL siempre que no exista hecho imponible conlleva una modificación sustancial a lo que defendía este juzgador hasta la Sentencia de 11 de mayo de 2017 ; esto es, ante la inexistencia de norma alguna sobre como valorar si existe o no hecho imponible en el TRLRHL y ante la inconstitucionalidad de éste precepto en tanto que presumía su existencia en todo caso, no es ya que el contribuyente tenga que probar que no hubo el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana entre la adquisición y la transmisión sino que es la Administración que recauda la que debe probar su concurrencia."

“Es un hecho notorio que el suelo puede incrementar o disminuir su valor con el paso del tiempo en función de múltiples variables; en esta tesitura se dictaron múltiples sentencias en que se abría la posibilidad al contribuyente para que pudiera probar la inexistencia de incremento del valor del suelo a través de una prueba pericial”.

 

Tras declarar la inconstitucionalidad del artículo 107.1 y 107.2.a LRHL, en la que se parecía dar por supuesto (y así lo defendían los Ayuntamientos y la Dirección General de Tributos) que con toda transmisión de terrenos de naturaleza urbana existiría siempre un incremento de valor del mismo respecto al momento previo de su adquisición, “se cierra el paso a cualquier tipo de presunción sobre la existencia de incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana”.

 

“En esta tesitura, en relación a las liquidaciones llevadas a cabo por los Ayuntamientos sobre plusvalías será necesario que estos acrediten la existencia de ese incremento de valor si les es discutido por el contribuyente (a través de una prueba pericial pública o privada), mientras que en las autoliquidaciones deberán permitir el recurso, y en caso de que se alegue la inexistencia de incremento del valor deberá ser estimado, salvo que a través de la antedicha pericial municipal se acredite que si existe ese incremento”

 

 

 

Consulten más información (normativa, sentencias destacadas, formularios) en nuestro Especial Plusvalía Municipal.